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Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: se permite tomar «acciones judiciales» contra los vecinos que hagan obras y te avala el artículo 7

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Blanca Espada

Hacer una reforma dentro de casa puede parecer una decisión que sólo afecta al propietario, pero lo cierto es que en una comunidad de vecinos existen límites. Reformar el baño, renovar la cocina o modificar determinadas instalaciones es posible, aunque no todo vale cuando esas obras afectan a la estructura del edificio, a su aspecto exterior, a elementos comunes o a los derechos de otros propietarios. Es por ello que la Ley de Propiedad Horizontal recoge estas situaciones y marca hasta dónde puede llegar cada vecino.

El artículo 7 es el que debemos mirar ya que es especialmente claro en este punto. En él se señala que se permite modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de una vivienda o local siempre que no se comprometa la seguridad del inmueble ni se altere su estructura general, configuración exterior o los derechos de otro propietario. Además, antes de comenzar, el titular debe comunicar las obras a quien represente a la comunidad.

Se permite tomar «acciones judiciales» contra los vecinos que hagan obras

La Ley de Propiedad Horizontal reconoce al propietario un margen amplio para reformar el interior de su casa. Cambiar una bañera por un plato de ducha, el suelo, la cocina o actualizar determinadas instalaciones son actuaciones habituales que, en principio, pueden realizarse. El problema aparece cuando la reforma deja de afectar únicamente a la parte privativa de la vivienda. El artículo 7 establece que las modificaciones no pueden perjudicar la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores ni los derechos de otro propietario.

Esto significa, por ejemplo, que no puede actuarse libremente sobre un muro estructural, modificar una fachada por cuenta propia o intervenir en determinados elementos comunes como si pertenecieran únicamente al piso donde se encuentran. La ley añade otra además otra obligación, ya que el propietario debe comunicar previamente las obras a quien represente a la comunidad, normalmente el presidente. No se trata de pedir permiso para cualquier reforma interior, pero sí de informar de que se va a realizar.

Fuera de la vivienda o local, el margen es todavía menor. El mismo artículo establece que el propietario no puede realizar por su cuenta alteraciones en el resto del inmueble. Si detecta una reparación urgente en una zona común, debe comunicarla al administrador.

Cuándo puede intervenir la comunidad

Las obras no son el único supuesto que regula este artículo. La Ley de Propiedad Horizontal también aborda las actividades que pueden resultar perjudiciales para el edificio o para quienes viven en él. Ni el propietario ni el ocupante pueden desarrollar actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad, dañosas para la finca o contrarias a las normas sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Aquí pueden entrar determinadas situaciones relacionadas con una obra si ésta termina provocando perjuicios que exceden lo razonable, aunque cada conflicto debe valorarse según sus circunstancias.

Cuando se produce una de esas conductas, el presidente puede intervenir por iniciativa propia o porque se lo pida cualquier propietario u ocupante del edificio. El primer paso sin embargo, no es acudir directamente al juzgado. El presidente debe requerir al responsable para que cese la actividad. Y la propia norma utiliza una expresión muy concreta: debe hacerlo «bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes».

Qué ocurre si el vecino continúa pese al requerimiento

Si después del aviso el infractor mantiene su conducta, la comunidad puede dar un paso más. Para ello, el presidente necesita previamente la autorización de la junta de propietarios, que debe haber sido convocada para tratar esta cuestión. Con ese acuerdo podrá presentar una acción de cesación contra el responsable. El procedimiento se tramita por las reglas del juicio ordinario en todo aquello que no quede regulado específicamente en la propia Ley de Propiedad Horizontal.

La demanda tiene que acompañarse de dos elementos importantes: la acreditación de que el infractor recibió el requerimiento previo y la certificación del acuerdo adoptado por la junta. A partir de ahí entra en juego el juez y antes incluso de que exista una sentencia definitiva puede acordar, como medida cautelar, la cesación inmediata de la actividad prohibida. También podrá adoptar otras medidas si las considera necesarias para garantizar que la orden se cumpla. La demanda irá contra el propietario y, cuando corresponda, también contra el ocupante de la vivienda o local.

Las consecuencias pueden llegar hasta tres años sin usar la vivienda

La Ley de Propiedad Horizontal contempla consecuencias importantes cuando la sentencia da la razón a la comunidad. Además de ordenar el cese definitivo de la actividad, el juez puede reconocer una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Y en los casos que son más graves, la norma puede ir todavía más lejos, ya que puede acordarse la privación del derecho al uso de la vivienda o local durante un periodo máximo de tres años. La duración dependerá de la gravedad de la infracción y de los daños ocasionados a la comunidad.

Si quien comete la infracción no es el propietario, sino otra persona que ocupa el inmueble, la sentencia puede declarar extinguidos sus derechos sobre la vivienda o local y ordenar su lanzamiento inmediato. Por eso, una reforma dentro de casa no queda al margen de las reglas de convivencia. El propietario puede modificar su vivienda, pero no cuando la actuación compromete elementos protegidos por la ley, perjudica a otros vecinos o deriva en una actividad prohibida. Si además continúa después del requerimiento de la comunidad, el artículo 7 permite que el conflicto termine en los tribunales.

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