El PP lleva a Sánchez al Constitucional por gestionar los fondos de la UE sin informe del Consejo de Estado

Pedro Sánchez quería un texto que le permitiese repartir sin control los 70.000 millones procedentes de fondos o ayudas directas de la UE. Lanzó su Real Decreto y logró aprobarlo en el Parlamento. Pero en su afán por eludir los controles llegó al punto de no presentar el informe del Consejo de Estado. El PP ya mostró su absoluto rechazo a ese incumplimiento legal. Y ahora llevará a Pedro Sánchez ante el Tribunal Constitucional por ello.

Pablo Casado anunció ya la petición de comparecencia urgente de la presidenta del Consejo de Estado para que dé cuenta del informe que «oculta» el Gobierno. El líder del PP exigió al Gobierno que en aras de «la transparencia y la rendición de cuentas» enseñe el informe que «mutiló» del decreto de fondos. «Que lo publiquen», subrayó, y añadió que el PP había registrado, además, una petición para conocer el informe de la Intervención General del Estado «que se ha ocultado».

La respuesta del Gobierno fue la esperada: nada. Ahora tendrá que decidir el Tribunal Constitucional. Lo cierto es que el Gobierno debe incluir el informe del Consejo de Estado en la documentación que se presenta al Congreso de los Diputados.

Obligado a informar al Parlamento

Sánchez está sometido al Congreso. El Gobierno está obligado a enviar toda la información al Parlamento, puesto que está sometido a él. Sólo se puede eludir esa obligación si el Ejecutivo declara secreto el contenido del informe y entonces debe acudir a la Comisión de Secretos Oficiales, que habitualmente se utiliza para cuestiones de seguridad nacional. Esta última vía no ha ocurrido, por lo que la obligación de aportar el informe del Consejo de Estado se mantiene sin ningún tipo de matices.

En el caso del procedimiento de convalidación de un Decreto Ley, si se han solicitado informes a diferentes órganos, y muy especialmente al Consejo de Estado, es obligación del Gobierno suministrar toda la información al Parlamento para que pueda valorar adecuadamente si la norma puede ser convalidada o no. Mucho más cuando, como en este caso, el Decreto Ley se tramita como proyecto de Ley.

El artículo 109 del Reglamento señala expresamente que los proyectos de ley (que es el caso del decreto de fondos europeos) remitidos por el Gobierno «irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos».

Entre los antecedentes necesarios, si el Gobierno ha solicitado informe del Consejo de Estado, porque lo considera conveniente (no era preceptivo), conforme al art. 26.7 de la Ley del Gobierno, debe incorporarlo al expediente, como «antecedente necesario».

Buen gobierno

El Tribunal Supremo ha considerado que tras la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el derecho de acceso de los parlamentarios a la información pública se ha visto fortalecido. Esto significa que el acceso a la información y a los documentos públicos por parte de los diputados no sólo no podrán ser inferiores a los que tiene ya a su disposición cualquier ciudadano en virtud de esas leyes, sino que «deben suponer el plus añadido imprescindible» (STS 2388/2015, de 15 de junio).

El Gobierno es, además, quien tiene que explicar las razones por las que le han llevado a no publicar el informe del Consejo de Estado. La razón está muy claramente explicada en el artículo 7 del Reglamento del Congreso: «los diputados tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas y la Administración requerida deberá facilitar la documentación solicitada».

En resumen, según mantiene el PP, el Gobierno ha violado gravemente un trámite legislativo sustrayendo información relevante al Congreso de los Diputados. Sánchez ha hecho uso de esa información y ha sido incapaz durante la sesión de control al Gobierno —al igual que la vicepresidenta Carmen Calvo y el vicepresidente Pablo Iglesias- de justificar las razones que le han llevado a arrancar del expediente del real decreto el informe del Consejo de Estado.

Y es que, lo cierto es que el Gobierno pidió ese informe al Consejo de Estado sobre su Real Decreto Ley de reforma de los trámites administrativos para «agilizar» el reparto de los 70.000 millones de euros en ayudas directas procedentes del Fondo Europeo de Recuperación. Y tras leerlo, hacer uso de él y valorarlo, decidió ocultarlo. Esta versión es difícilmente cuestionable porque la han admitido el pasado miércoles fuentes del Gobierno señalando que difundirán el texto cuando lo consideren adecuado porque no se van a dejar «arrastrar» por lo que tachan de «propaganda del PP».