Vox denuncia ante el Supremo que los familiares de los nacionalizados por falso exilio aún pueden votar

Vox ha denunciado este sábado ante el Tribunal Supremo que los familiares de los nacionalizados por falso exilio aún pueden votar. La formación que lidera Santiago Abascal pide que el Alto Tribunal tome medidas y extienda la suspensión a todos los clanes familiares cuyo antepasado no sea un español exiliado.

La formación que lidera Santiago Abascal reclama ahora identificar a todos los familiares cuyos progenitores no tengan acreditado el exilio debido a la instrucción de Sofía Puente. El objetivo señala Vox es verificar cada caso sin que altere previamente el cómputo definitivo.

Vox ha reclamado al Tribunal Supremo escrutar por separado los votos de los clanes familiares nacionalizados por la Ley de Nietos como medida para garantizar la trasparencia electoral ante la incertidumbre creciente por el censo electoral exterior, donde a día de hoy podrían votar familiares de un nacionalizado cuyo derecho a voto ha sido suspendido por el auto del Alto Tribunal.

El equipo jurídico capitaneado por Marta Castro y Jorge Buxadé ha presentado un escrito de alegaciones este sábado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el que reitera su petición de extender las medidas cautelares sobre determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a quienes obtuvieron la nacionalidad por ser hijos de personas nacionalizadas por la Ley de Nietos, cuando sus progenitores estén afectados por la suspensión electoral por carecer de certificación consular acreditativa del exilio.

La formación sostiene que estos hijos deben quedar sujetos al mismo régimen cautelar que sus progenitores, puesto que su acceso a la nacionalidad se apoya en el reconocimiento previo de la de estos. A juicio de Vox, permitir que voten mientras permanecen suspendidos los efectos electorales de la inscripción del progenitor comprometería la eficacia de las medidas acordadas. La suspensión solicitada no se aplicaría cuando el progenitor cuente con la certificación consular exigida.

Para hacer efectiva esta ampliación, Vox solicita que los ministerios competentes remitan al Tribunal Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, antes del 20 de noviembre, una relación nominal de los hijos afectados, con identificación de sus progenitores y de la documentación acreditativa del exilio.

Asimismo, pide que su documentación electoral y sus sobres se custodien por separado en las oficinas consulares y en las juntas electorales provinciales, sin cómputo definitivo hasta su verificación individual. Subsidiariamente, si el Supremo no acuerda de inmediato la ampliación, reclama que se identifique a los afectados y se mantengan sus votos separados hasta completar las comprobaciones.

El escrito denuncia, además, que la información remitida por la Administración General del Estado está incompleta. Según el análisis presentado por Vox, de los 145.580 registros que incluyen información sobre el exilio, solo 901 —el 0,62 %— figuran con exilio acreditado. Otros 17.775 registros de Buenos Aires carecen de información que permita comprobar ese extremo.

Por ello, la formación pide al Supremo que requiera a la Administración las certificaciones individuales de exilio, que complete la información de los registros de Buenos Aires y los datos identificativos que faltan, y que depure los duplicados y las discrepancias en las cifras de afectados. Vox subraya que una casilla marcada con «sí» en una hoja de cálculo no sustituye a la certificación individual exigida por la Sala.