Un informe del exilio republicano se opuso a dar la nacionalidad a los nietos de los que no emigraron por su antifranquismo

La Asociación Descendientes del Exilio, que denuncia como un «ataque contra el derecho a voto» la decisión del Tribunal Supremo de excluir del censo a quienes no acrediten su condición de exiliados, lleva defendiendo desde hace dos décadas que la legislación distinga jurídicamente a los exiliados políticos del resto de emigrantes españoles.

La asociación, que ahora responsabiliza a «las derechas políticas» de cuestionar el derecho al voto de estos descendientes, fue fundada con el propósito de reconocer el exilio político como una condición jurídica distinta, sosteniendo que no todos los emigrantes españoles podían equipararse a quienes se vieron obligados a exiliarse. Su reivindicación pasaba precisamente por establecer una diferenciación legal entre ambos colectivos a efectos de nacionalidad.

En un informe presentado en 2004, la entidad exponía los argumentos por los cuales se requería «una regulación específica» para distinguir con la nacionalidad española a los descendientes de quienes abandonaron España forzados por la Guerra Civil y la represión franquista. Para la entidad, no todos los descendientes de emigrantes debían recibir el mismo tratamiento jurídico ni podían acogerse indistintamente a la vía del exilio para obtener la nacionalidad española.

La controversia enfrenta así dos cuestiones que conviene diferenciar: el derecho de los descendientes a solicitar la nacionalidad española conforme a la legislación aplicable y la acreditación de los requisitos exigidos para acceder a ella por la vía del exilio. El informe de 2004 muestra que la propia asociación defendía una distinción jurídica entre exiliados y emigrantes, exactamente los criterios concretos aplicados ahora por el Tribunal Supremo de cara al censo electoral en el exterior.

La entidad se fundó para distinguir los exiliados del resto de emigrantes

Fundada hace más de dos décadas, la Asociación Descendientes del Exilio lleva años reclamando una ley de nacionalidad que reconozca jurídicamente a los descendientes de españoles que tuvieron que abandonar el país por la Guerra Civil y el franquismo. Desde su creación, una de sus principales reivindicaciones ha sido distinguir a quienes emigraron por voluntad propia de quienes se exiliaron de forma forzada y no pudieron regresar a España por motivos políticos.

«Con el debido reconocimiento y valor al sacrificio que para millones de españoles ha significado la emigración española en el mundo, creemos firmemente que los exiliados y sus descendientes ni pueden ni deben ser considerados, a efectos de la legislación sobre nacionalidad, emigrantes, puesto que el origen del exilio fue forzado, contra su voluntad, para huir de la represión, tras la derrota del sistema republicano por un régimen militar», sostenía su fundadora Ludovica García Arias en el informe, que firmó como presidenta de la asociación.

La propuesta pretendía modificar el Código Civil en materia de nacionalidad para regular jurídicamente lo que la entidad consideraba un derecho: el reconocimiento de la doble nacionalidad de los exiliados españoles y sus descendientes en relación con los países en los que se refugiaron y establecieron, una situación que, según el documento, no estaba adecuadamente contemplada en la legislación vigente entonces.

Delimitación del exilio y reacción contra el Supremo

Sorprendentemente, la asociación ha dado un giro contra el propósito por el que fue fundada tras la publicación de la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez.

Ahora, su presidenta Pilar Nova Melle mantiene una posición crítica con la decisión del Tribunal Supremo adoptada tras el recurso presentado por Vox. Nova Melle calificó el auto judicial de «ataque contra el derecho a voto» el pasado 1 de octubre, durante unas jornadas parlamentarias organizadas en el Congreso de los Diputados por Izquierda Unida y Sumar.

El encuentro fue inaugurado por Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara, dirigente comunista y abogado que ha defendido a miembros de las FARC. En ese foro, la asociación expresó su rechazo a la resolución judicial que afecta a las inscripciones censales de descendientes cuya condición de exiliados no quede acreditada.

La entidad ya había difundido en junio un comunicado en el que responsabilizaba a «las derechas españolas», en referencia al PP y Vox, de alimentar una «polémica» que vinculaba con el enfrentamiento sobre la Guerra Civil. La asociación rechazaba así los cuestionamientos políticos a determinadas inscripciones en el censo electoral.

«Las declaraciones de los políticos de la derecha no tienen ninguna relación con nosotros. Su relación se establece con las elecciones de 2027 y la posibilidad de volver a perderlas. Para alcanzar su objetivo todo vale, lo llevamos viendo mucho tiempo, y ahora nos ha tocado a nosotros, cuestionando y negándonos un derecho», sostuvo la entidad.