Vox denuncia a Irene Montero ante la Fiscalía Anticorrupción por los pagos de Ecuador a Podemos

Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular y diputado de Podemos, Rafael Mayoral, ambos dirigentes de la formación morada. El escrito se ha registrado después de las declaraciones del dimitido embajador de Ecuador en España, Pascual de Cioppo, quien reconoció la existencia de un entramado de contratos entre empresas vinculadas con los denunciados y el Gobierno del país andino, fundamentalmente bajo mandato de Rafael Correa.

En concreto, la Vicesecretaría Jurídica de Vox, que dirige Marta Castro, ha denunciado «delitos de financiación ilegal de partidos políticos, artículo 304 bis 2 del Código Penal (CP); malversación, artículo 432 del CP; y delito de tráfico de influencias, artículo 328 del CP», según ha informado el partido en un comunicado.

La denuncia recoge las declaraciones del embajador de Ecuador hasta hace dos días, quien se refirió en la televisión pública ecuatoriana a pagos mensuales que llegarían hasta 1.200.000 euros al año, a través de presuntos pagos a Montero y Mayoral «con el objetivo de financiar a Podemos». Del Cioppo habló directamente de la actual ministra de Igualdad del Gobierno PSOE-Podemos.

Según la formación de Santiago Abascal, la empresa a través de la que se recibirían los pagos sería Kinema Sociedad Cooperativa. Y ello, con la teórica finalidad de asesorar a ecuatorianos con problemas hipotecarios en España. De esta sociedad han formado parte el propio Mayoral, Ana Marcello, ex diputada de Podemos, y Elena Marcello, actual presidenta de la sociedad. Esta concesión se habría firmado con la anterior embajadora de Ecuador, Aminta Buenaño, indica Vox.

El contrato entre Kinema y el Gobierno de Ecuador, destaca Castro en su escrito, contaría con «una cláusula de confidencialidad para que los pagos permanecieran ocultos, y una cláusula de indemnización. Como resultado de estos contratos, Kinema multiplicó sus ingresos anuales», añade el comunicado.

En la denuncia, Castro se refiere a los testigos que han declarado en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, donde los mismos han revelado que «Podemos exigía a todas sus delegaciones territoriales que se utilizara Kinema» a nivel interno. En este juzgado se investigan también las conexiones con la consultora Neurona.

Por todo ello, Castro ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que se tome declaración tanto a Irene Montero como a Rafael Mayoral. Del mismo modo, se pide la declaración del ex embajador de Ecuador en España, Pascual del Cioppo, en calidad de testigo.

Oficio a la UDEF

Además, entre las diligencias a practicar se solicita que se libre oficio a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF) para identificar «la cuenta corriente en la que se recibieron los pagos y su concepto» y que se haga lo propio con Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña para que dé cuenta de los pagos recibidos y aporte el libro de socios. En última instancia, Vox también ha pedido que se libre oficio al actual Gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador, que puso fin al correísmo,  para la identificación de los contratos y pagos realizados.