Vox asegura que los informes del 8-M demuestran la «gestión criminal» del Gobierno

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Macarena Olona, diputada de Vox, en el Congreso. Foto: Europa Press.

Vox se ha referido este martes a los informes, tanto de la Guardia Civil como del forense del caso del 8-M que investiga el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, asegurando que demuestran «la gestión criminal» del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

La portavoz de la formación de Santiago Abascal en el Congreso, Macarena Olona, se expresado en este sentido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Olona ha leído párrafos del informe del médico forense adscrito al Juzgado de instrucción número 51: «La hecatombe se veía venir; Illa y Simón subestimaron la gravedad…».

«Asistimos con tristeza e indignación, aunque no con sorpresa, a la criminal gestión del Gobierno», ha lamentado Olona, que ha insistido en que el Ejecutivo «no estuvo a la altura» de los miles de muertos provocados por la pandemia.

Pero además, ha acusado al Gobierno de «ensuciar» todas las instituciones «que toca», como la Abogacía del Estado o la Fiscalía para convertirlas en órganos «al servicio» del poder ejecutivo.

Por ello, Vox ha pedido la comparecencia en el Congreso de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y del secretario general técnico de la Fiscalía para que revelen si es cierto que han existido «presiones» para «torcer el brazo» a los fiscales de la causa del 8M para que presentaran alegaciones que «protegiesen al Gobierno».

En cualquier caso, ha recordado que Vox ha solicitado su personación en la causa y así, «aunque el Gobierno intente convertir la Fiscalía al servicio de sus intereses espúreos», quedaría garantizada la continuidad de la causa «si su señoría aprecia indicios de criminalidad».

Informe del forense

El informe forense incorporado a la causa del 8-M, al que se refiere Vox, en la que se investiga por un presunto delito de prevaricación al delegado del Gobierno José Manuel Franco, es demoledor. El médico adscrito al Juzgado de Instrucción 51 del que es titular la juez Carmen Rodríguez-Medel expone abiertamente la existencia de un «tsunami que se veía venir». El texto apunta a la responsabilidad inequívoca de el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) Fernando Simón.

El forense al que se le ha encargado un análisis profesional sobre lo vivido en las semanas previas al 8-M desgrana que la grave crisis sanitaria del coronavirus, que ha puesto en jaque a España y ha provocado más de 40.000 fallecidos «se veía venir».

«La población no lo veía, quien estaba al cabo de la calle eran los expertos del CCAES pues son quienes tenían los datos continuamente de lo que estaba sucediendo, no en vano es un Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Tiene contacto, y es extraordinario como lo tienen con numerosos países del mundo y con todas las comunidades autónomas de España sobre la evolución del Covid-19. Las comunidades son a diario y al unísono», advierte.

Añade que el «el tsunami se preveía, se sabe que iba a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, pues así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir», insiste.

Y es que ya lo habían advertido organismos como la Organización Mundial de la Salud o el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que anunció «claramente que nos preparáramos para una pandemia, que hiciéramos planes de pandemia, que el peligro era grande e inminente, que adoptáramos las medidas de distanciamiento social (evitar concentraciones masivas de personas) en ese momento».

La «tensión» de Simón

Además, también señala que en el centro dirigido por Fernando Simón «se notaba la tensión, a través de los correos electrónicos» que se intercambiaron entre el CCAES y otros organismos y expertos epidemiológicos de España. Añade, de esta manera, las advertencias que durante esos días manifestaban esos expertos autonómicos. Frases como «o sé si podemos controlarla»; «es la única forma de aguantar la situación»; «la sensación que tengo es que lo damos todo perdido». Todas ellas afirmaciones que OKDIARIO desveló con la publicación del segundo informe de la Guardia Civil incorporado a la causa.

«No me consta que se haya informado a los asistentes de ninguna de las manifestaciones del riesgo sanitario en el que estábamos. Y está indicado por la OMS, además de ser una cuestión lógica que debería haber sido fundamental en el estado en el que nos encontrábamos», asegura el forense sobre las recomendaciones de seguridad que debieron darse antes del 8-M y otras marchas.

El papel del delegado del Gobierno

Apunta directamente a la Delegación del Gobierno, como ha señalado Vox, por permitir estas marchas, pese al «riesgo para la salud de todos los ciudadanos» que ya conocía. Y lo hacía «hasta el punto de proteger a sus trabajadores con medidas e información adecuadas», aunque «no consta que en ni una sola de las muchas solicitudes de manifestación se hiciera ni la más mínima mención al riesgo ya  la seguridad».

«No es porque no lo supieran, pues desde el 28 de febrero había información y medidas para la Delegación del Gobierno, sino por motivos que desconozco no se trató de igual forma a la población», explica el forense.

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