Los vecinos okupas de Iglesias reciben un varapalo judicial: sentencia firme de desalojo

Navalquejigo, el poblado de okupas que se ubica a escasos 9 kilómetros del casoplón de Irene Montero y Pablo Iglesias, ha recibido una sentencia firme de desalojo. Se trata de un núcleo de población de medio centenar de personas que, como el líder de Podemos, ven que no es necesario respetar la propiedad privada en determinados casos. En un pequeño rincón de la Sierra madrileña, entre Galapagar y El Escorial, estos okupas llevan desde el siglo pasado construyendo viviendas en las que viven de forma alternativa.

Ahora, la empresa propietaria de los terrenos (Edisan Construcciones) ha conseguido ratificar en la Audiencia Provincial de Madrid una sentencia judicial para desalojar a los habitantes que han usurpado sus solares. Así se lo han hecho saber los magistrados a los afectados hace escasas semanas, tal como han explicado ellos mismos en las redes sociales desde la plataforma que les agrupa.

Estos okupas se agarran a que la iglesia en ruinas entorno a la que se concentran es de origen medieval y en 2006 fue declarada Bien de Interés Cultural porque se levantó entre los siglos XIII y XVII. Argumentan que gracias a su presencia el edificio no se ha venido abajo. Los habitantes del antiguo pueblo de Navalquejigo abandonaron el lugar definitivamente en 1989 y desde entonces personas antisistema se han hecho fuertes en este punto cercano a Galapagar.

Circenses

En el mencionado comunicado explican que son personas «de diferentes procedencias, ocupaciones o maneras de entender el mundo, más de 20 años de convivencia pacífica, reconstruyendo y mimando este lugar». Muchos de ellos están vinculados al mundo del circo. Siguiendo el movimiento hippie, se dedican al espectáculo, los malabares, las acrobacias, la música, la artesanía, etc. «Creemos en un estilo de vida alternativo y sostenible: reciclaje, cultivo de alimentos, placas solares y aerogeneradores. Apostamos por la convivencia en armonía y el consenso vecinal, aun así, cada uno es libre de desarrollarse en su propio espacio», destacan.

Ya en 2007, la Guardia Civil desalojó a la mayor parte de los vecinos. No obstante, entonces la Audiencia Provincial de Madrid revocó la sentencia por la “falta de legitimidad”. El denunciante no logró acreditar ser propietario de la zona. Los ocupantes que se habían instalado en tiendas de campaña volvieron a los edificios reconstruidos.

Sin embargo, a mediados de febrero, este mismo órgano judicial ha confirmado que, esta vez, la sentencia es válida. Tras agotar la vía penal, la compañía Edisan recurrió en 2017 a la vía civil para reclamar la posesión de los terrenos, con la intención de llevar a cabo un plan urbanístico que adecente ese enclave de la sierra madrileña. En diciembre de 2019 se celebró el juicio por la primera de las fincas que forman el pueblo en el juzgado de El Escorial. La sentencia fue favorable para los demandantes. Se apeló a la Audiencia Provincial. Pero los okupas han recibido el archivo de ese recurso. Esperan que en los próximos meses los propietarios pidan el desalojo de esa parcela y que usen esa primera sentencia como jurisprudencia para el resto de procedimientos abiertos.

A partir de ahora, los habitantes de Navalquejigo se han agrupado bajo la Plataforma Salvemos Navalquejigo para intentar frenar in extremis el desalojo. Han abierto una campaña para recibir donaciones para pagar los gastos del proceso judicial. Por ahora han recogido 1.944 euros de un objetivo de 3.000 euros. Un total de 83 personas han aportado su dinero a esta causa. En lugar de invertir los fondos en comprar nuevas viviendas, apuestan por seguir dando la batalla legal contra los legítimos propietarios.

Se quejan de que se van a quedar «sin hogar justo en medio de la pandemia. En una situación precaria. Especialmente con la incertidumbre y dificultades que el coronavirus está trayendo por la ausencia de trabajo y estabilidad». «Las normativas actuales no nos permiten realizar los eventos en los que recolectamos los donativos de los asistentes», lamentan.

Violaciones

Este barrio ilegal saltó a los titulares de los medios de comunicación cuando se destapó que en su interior se cometieron presuntos delitos de violaciones a chicas menores. Se trató de dos hermanos llegados de Marruecos que alquilaron una casa en Galapagar, pero que okupaban espacios en Navalquejigo para cometer sus fechorías.

Además de los abusos sexuales, fueron pillados trapicheando drogas (hachís y marihuana). Antes, habían sido detenidos igualmente varias veces por robo con violencia e intimidación, desobediencia y atentado a agente de la autoridad, hurto, lesiones, etc. Los vecinos del poblado aseguraron que no conocían de nada a los detenidos cuando fueron apresados.