Varapalo al ex juez de la cloaca del PSOE: se archiva otra de sus denuncias contra 7 magistrados de Badajoz por falta de indicios

La Fiscalía de Extremadura archiva una nueva denuncia interpuesta por Luis Sáenz de Tejada contra siete magistrados y un abogado del partido judicial de Badajoz, a quienes acusaba de integrar una organización criminal dedicada desde 2013 a dictar resoluciones contrarias a derecho para favorecer sus propios intereses. Se trata del ex juez condenado con el que el PSOE, con su cloaca de Santos Cerdán y Leire Díez, trataba de desestabilizar a los jueces de Badajoz ligados al caso del hermano de Pedro Sánchez.

El decreto de incoación y archivo que desvela OKDIARIO fue firmado en Cáceres el 8 de junio. Concluye que los hechos denunciados carecen de relevancia penal y que las imputaciones resultan «absolutamente inverosímiles e increíbles».

La denuncia, presentada inicialmente el 21 de octubre de 2024 ante la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y reiterada el 27 de noviembre siguiente, llegó a la Fiscalía extremeña el 10 de diciembre de ese mismo año.

En ella, Sáenz de Tejada atribuye a los denunciados la comisión de «al menos una decena de delitos», entre los que destaca la prevaricación y la falsificación de documentos públicos.

Según el decreto fiscal, el denunciante sostiene que esta organización habría «paralizado o acelerado a su conveniencia los procedimientos judiciales», perseguido ilegalmente a abogados y ciudadanos, e incluso amenazado y coaccionado a magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz.

Afirma además que la supuesta trama contaría con el apoyo de varios fiscales, abogados y antiguos vocales del Consejo General del Poder Judicial, aunque «no llega a identificar a ninguno de ellos».

Organización criminal falsa

El fiscal encargado del caso ha calificado el planteamiento de partida como quimérico. El decreto señala que la denuncia mezcla de forma «inconnexa, confusa, genérica e indeterminada» hechos sin trascendencia jurídica con «meras apreciaciones subjetivas, opiniones personales y juicios de valor».

Los únicos hechos con un mínimo relato concreto se refieren a recusaciones, sustituciones profesionales y celebraciones de juntas de jueces ocurridas entre 2013 y 2015. Todo completamente normal, menos para un ex juez como Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera tras una condena por maltrato psicológico a su pareja.

La resolución concluye que, una vez descartados los hechos inverosímiles y las conjeturas, lo que resta son «actuaciones procesales y gubernativas de las que no se atisba la menor ilegalidad».

El único indicio de conexión entre los denunciados que aporta Sáenz de Tejada es alguna relación de parentesco entre varios de ellos y «la simple afirmación de que entre todos ellos existe una profunda amistad». Nada ilegal.

La Fiscalía subraya además que el denunciante no aporta «el menor indicio» que sostenga sus afirmaciones más graves, lo que sitúa su escrito en el terreno de la logomaquia jurídica: un combate de palabras sin sustento fáctico, en el que la acumulación de términos penales no suple la ausencia de prueba.

Una cascada de casos fallidos

No es la primera vez que esta misma historia desemboca en un archivo. El decreto fiscal enumera hasta nueve procedimientos anteriores —tanto diligencias fiscales como querellas ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura— que han finalizado de idéntica manera.

Siempre con los mismos argumentos: «Imputación de hechos absolutamente inverosímiles, falta absoluta de aportación de mínimos indicios de los hechos supuestamente delictivos, y ausencia total de responsabilidad penal».

Entre esos precedentes figura la querella registrada como Diligencias Previas 3/2026 del TSJ extremeño, presentada en nombre de la Asociación Nacional de Denunciantes y Víctimas de Corrupción (ANDEVICO), de la que Sáenz de Tejada es presidente y representante legal, archivada en mayo de 2026, apenas un mes antes del último decreto.

También constan archivos del TSJ datados en 2013, 2015, 2016, 2016, 2019 y 2019, así como otro decreto de la propia Fiscalía autonómica del pasado 7 de abril de 2026.

La competencia para investigar los hechos correspondía en todos los casos a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, por tratarse de magistrados en ejercicio en el territorio extremeño, en virtud de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El mismo día en que la Fiscalía firmaba el archivo en Cáceres, la Audiencia Nacional recibía el decreto para incorporarlo al sumario del caso de las cloacas del PSOE. La letrada de la Administración de Justicia dejó constancia de ello en diligencia de ordenación de 18 de junio de 2026, dando vista del documento al Ministerio Fiscal y al resto de partes personadas.

El decreto notificado a Sáenz de Tejada no admite recurso, aunque le reconoce el derecho a reproducir su denuncia ante el juez de instrucción que considere competente. Más de doce años después de los primeros hechos que menciona su relato, y con al menos nueve procedimientos cerrados en su contra, la pregunta que sobrevuela el expediente es inevitable: ¿hasta cuándo?