La Unión Europea se interesa por el ataque de Sánchez contra las acusaciones populares

Representantes de Hazte Oír han sido recibidos este lunes por la directora de la sede del Parlamento Europeo en Madrid, María de Andrés, en una reunión que marca un nuevo capítulo en la controversia sobre la reforma de la acusación popular propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez. La organización ha trasladado su «gran preocupación» ante lo que consideran un intento del Ejecutivo del PSOE de frenar la investigación de casos de corrupción mediante la limitación de este instrumento judicial.

La iniciativa de Hazte Oír, que incluye una campaña que ha reunido más de 75.000 apoyos, se suma a las acciones emprendidas por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que ha enviado cartas formales a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo solicitando su intervención para «preservar la independencia judicial» en España. Desde la oficina de Comunicación del Parlamento Europeo han confirmado que transmitirán lo expuesto al departamento correspondiente.

La proposición de ley registrada por el PSOE en el Congreso busca restringir la participación de las acusaciones populares en la fase de instrucción judicial, limitándola únicamente a la fase de juicio oral. Según la disposición transitoria del texto, la medida se aplicaría de forma inmediata tras su entrada en vigor, lo que podría afectar a causas judiciales en curso.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha enmarcado esta iniciativa dentro de la reforma prevista de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882. Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha defendido que la reforma busca «proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, la intimidad y la participación política».

La propuesta socialista establece que para ejercer la acusación popular deberá existir «un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público». Además, prohíbe expresamente que los partidos políticos y las asociaciones vinculadas a ellos puedan ejercer como acusación popular.

Por su parte, la eurodiputada y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha denunciado ante la Comisión Europea lo que considera «un ataque al Estado de Derecho europeo». Montserrat ha presentado una pregunta escrita al Ejecutivo comunitario cuestionando la admisibilidad de los «ataques desde el Gobierno contra los magistrados que están investigando las causas contra el entorno del líder socialista».

La tensión institucional ha aumentado después de que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, denunciara las «presiones» a los jueces. Este clima de confrontación se produce en un momento especialmente delicado, con la reciente imputación del fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo en relación con la filtración de información sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En este marco, la sociedad civil también se ha movilizado. La organización Hazte Oír ha mantenido una reunión con la directora de la sede del Parlamento Europeo en Madrid, María de Andrés, para trasladar su preocupación por la reforma. La portavoz de la organización naranja, María Sánchez, ha vinculado la limitación de la acusación popular con «la necesidad de Sánchez de controlar la Justicia».

Desde Bruselas, fuentes de la Comisión Europea han indicado a medios españoles que todavía no hay una reacción oficial al respecto. Sin embargo, la situación está siendo seguida de cerca por las instituciones europeas, dado que la independencia judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho en la Unión Europea.

El Partido Popular ha calificado la reforma como fruto de la «desesperación del PSOE ante los casos de corrupción que acorralan al Gobierno» y la considera «un paso más» en el supuesto intento del Ejecutivo por «laminar al Poder Judicial». Los populares argumentan que «el PSOE no quiere combatir la corrupción, sino a quienes la denuncian».

La propuesta del PSOE también incluye otros elementos controvertidos, como la imposibilidad de abrir procesos penales basados únicamente en recortes de prensa y la ampliación de las causas de abstención o recusación de jueces que hayan realizado declaraciones públicas en favor o en contra de partidos políticos.