La UE no pide poner el aire a 27º ni apagar escaparates pero sí que Sánchez «predique con el ejemplo»
Sánchez incumple un decreto sobre la salud de los trabajadores que fija la temperatura máxima en 25º
Sánchez impone su decretazo energético a los españoles 7 meses más de lo que le pide Bruselas
El Gobierno pide a los comercios que coloquen termómetros para vigilar si el aire acondicionado está a 27º
El plan de la Comisión Europea para ahorrar energía de cara a un previsible corte del suministro de gas por parte de Rusia no fija límites para el aire acondicionado o la calefacción, salvo una recomendación a que se ajuste su temperatura de forma razonable. Tampoco se recoge el apagado de escaparates del comercio, como obliga el decreto aprobado por el Gobierno. Fuentes comunitarias destacan a OKDIARIO que desde la Comisión Europea se «intenta evitar al máximo dar recomendaciones muy concretas porque el enfoque y las posibilidades en los países miembros pueden ser muy diferentes para conseguir el objetivo común de ahorrar energía».
De hecho, recuerdan que el vicepresidente comunitario, Frans Timmermans, ya se pronunció recientemente sobre el asunto señalando que «se trata de un asunto culturalmente muy sensible» porque «lo que es frío para alguien de Estonia es helado para el resto de Europa». «Y lo que es cálido en Estonia, les puedo garantizar y tengo pruebas, a veces alguien en España lo ve como un frío helador», respondió en rueda de prensa. Entonces, señaló que la temperatura debía dejarse «a discreción de las empresas y los ciudadanos». «Pero bajando un poco la temperatura en invierno y no poniendo demasiado pronto el aire acondicionado en verano se saca dinero del bolsillo de Putin», ilustró Timmermans.
En el plan Ahorrar gas para un invierno seguro se destaca que se puede ahorrar energía «bajando el termostato en 1 grado» por parte de los ciudadanos y «exigiendo calefacción más baja en edificios públicos, oficinas, edificios comerciales y espacios abiertos, como terrazas al aire libre, donde sea técnicamente factible y exigible». En este sentido, el plan destaca que «el papel de las autoridades públicas a la hora de predicar con el ejemplo es clave».
La Comisión, además, recomienda «animar a los ciudadanos a reducir su consumo de gas, por ejemplo, bajando el termostato o la temperatura del agua» y apunta a que «durante un nivel de alerta, las medidas podrían incluir una reducción obligatoria de la calefacción y la refrigeración». En este contexto, recoge además una «reducción específica» de la temperatura en «edificios propiedad de las autoridades públicas, centros comerciales, oficinas o espacios públicos».
Polémica
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, precisó este viernes que los bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al «entorno de los 25 grados» siguiendo así las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 que establece el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno.
Como informó OKDIARIO, el decreto incumple otro decreto anterior sobre la salud y seguridad de los trabajadores que establece que la temperatura máxima debe ser de 25 grados en determinados locales donde se desarrollen «trabajos ligeros», como puede ser el comercio o la hostelería.
El Gobierno afirma, no obstante, que los comercios y establecimientos deberán justificar cuándo no aplican el límite de temperatura en el termostato. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha insistido en que el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética «está para cumplirse» y ha señalado que lo importante es cumplir con el compromiso solidario con el resto de países europeos, algo que «está al alcance de lo que se puede hacer sin excesivo esfuerzo».
El decreto obliga además a apagar las luces de escaparates y edificios públicos que no estén en uso a partir de las 22 horas y a instalar cierres automáticos de puertas en edificios y locales. Las medidas estarán en vigor hasta noviembre de 2023.
El plan ha provocado las críticas de comerciantes, empresarios y también la reacción de varias comunidades autónomas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha adelantado que en la región sólo se aplicarán aquellas medidas que no sean de su estricta competencia.
Ante las críticas, el Ministerio para la Transición Ecológica ha convocado a las comunidades autónomas a una reunión -que tendrá lugar este martes- para aclarar las dudas de su aplicación. Este sábado, Ayuso ha acusado al departamento de Teresa Ribera de «improvisar» esa reunión tras «el caos y los insultos del Gobierno».