La UE avisa a Sánchez que tomará «todas las medidas necesarias» para proteger a los jueces de sus ataques

La Comisión Europea reacciona ante los ataques contra los jueces por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios separatistas. La máxima autoridad comunitaria ha advertido por escrito, en una respuesta a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que el Poder Judicial «debe gozar de confianza pública para desempeñar su labor con éxito, habida cuenta de
su especial papel en la sociedad», y destaca que «esto es especialmente importante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo».

«Todos los poderes del Estado deben fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones constitucionales, incluido el Poder Judicial», subraya el comisario de Justicia, Didier Reynders, en su respuesta al eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé.

El dirigente de Vox trasladó a la Comisión una petición para que se pronunciase sobre las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Ribera que, en enero, lanzó un duro ataque contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que instruye la causa del autodenominado Tsunami.

Ataques al juez

Ribera aseguró entonces que el magistrado «tiene querencia por pronunciarse en momentos políticos sensibles», tras pedir que se investigase al líder de Junts, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo. Por entonces, el PSOE negociaba con los separatistas la Ley de Amnistía, que ahora enfila su definitiva tramitación parlamentaria.

Este juez, abundó Ribera, «nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles». Sus declaraciones provocaron una enorme polémica y la reacción del Poder Judicial.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresó su «rotundo rechazo» a estas palabras, afirmaron en un comunicado aprobado por unanimidad, «contrarias al principio de lealtad institucional y al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes». El CGPJ subrayó, además, que el señalamiento al juez de Tsunami «merma la confianza de los ciudadanos en la Justicia y contribuye al deterioro institucional». Las asociaciones de magistrados también emitieron respectivos comunicados.

«¿Cuál es la opinión de la Comisión sobre este ataque a la independencia judicial?, ¿qué va a hacer para proteger el Estado de derecho en España?», preguntó Buxadé. 

La UE se muestra rotunda: «La Comisión conoce el asunto a que se refiere su señoría», responde ya desde el primer momento, recordando que «ya en los capítulos de 2022 y 2023 sobre la situación del Estado de derecho en España, la Comisión subrayó que algunas partes interesadas habían expresado su preocupación por las declaraciones públicas de políticos,
algunos de ellos diputados, senadores y miembros del Gobierno, que criticaban al Poder Judicial».

«Todas las medidas»

«La Comisión recordó que de acuerdo con las normas europeas, si
bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, el Poder Judicial debe gozar de confianza pública para desempeñar su labor con éxito, habida cuenta de su especial papel en la sociedad. Esto es especialmente importante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones constitucionales, incluido el Poder Judicial», prosigue en su respuesta.

En este contexto, afirma que «la Comisión mantiene su compromiso de tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del Derecho de la UE y defender el Estado de derecho en todos los Estados miembros y seguirá colaborando con las autoridades españolas para promover el Estado de Derecho en el marco del ciclo del Estado de Derecho».

«Prevaricación»

Los ataques a los jueces llegan también desde el independentismo, con el silencio cómplice del Gobierno de Pedro Sánchez.

La pasada semana, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, acusó a de «prevaricación» a varios jueces que instruyen causas contra presuntos ilícitos cometidos por separatistas, de «prevaricación». La reacción de Nogueras se produjo después de que el Supremo haya citado a declarar a Puigdemont en la causa de Tsunami.