La UE avisa por escrito que el Gobierno era el «principal responsable» de «prevenir» el ‘caso Koldo’
La Comisión Europea expresa su "tolerancia cero" frente al "fraude y la corrupción"
La decisión de Pedro Sánchez, en directo


La UE se mantiene firme en la investigación sobre el caso Koldo que implica también fondos comunitarios. Bruselas ha enviado un nuevo aviso, esta vez por escrito, reafirmando que tiene una «tolerancia cero» frente al «fraude y la corrupción con los fondos de la UE». Y va más allá, puesto que la Comisión Europea recuerda, además, que «los Estados miembros son los principales responsables de prevenir, detectar y corregir las irregularidades, tanto fraudulentas como no fraudulentas, y de dotar a los sistemas de gestión y control de todos sus programas de medidas antifraude eficaces y proporcionadas». Un aviso directo al Gobierno de España y los gobiernos socialistas de Francina Armengol (en Baleares) y Ángel Víctor Torres (en Canarias) por la falta de control sobre los contratos de la trama.
La Comisión Europea se pronuncia así ante una pregunta de la eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat, sobre el «escándalo de corrupción» de las comisiones en los contratos de la pandemia.
«La Comisión debe investigar si las empresas y cargos de las comisiones ilegales pudieron beneficiarse de fondos europeos y ampliar la investigación para saber si pudo haber más posibles implicados. ¿Ha abierto la Comisión ya una investigación al respecto y pedido información a las autoridades nacionales?¿Condena que desde el Gobierno de España pudieran enriquecerse con dinero público de comisiones ilegales? ¿Qué mecanismos de control piensa impulsar para una mayor supervisión de los fondos europeos?», trasladaba Montserrat en su pregunta.
17,8 millones
En marzo, el Gobierno informó a la Comisión Europea que la trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia habría afectado a cerca de 17,8 millones de euros de fondos europeos. Fue la respuesta del Ejecutivo español a la petición de información cursada por Bruselas tras estallar el escándalo.
Según la evaluación de las autoridades españoles, se han identificado en los contratos investigados el apoyo de 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros 3,1 millones del Fondo de Solidaridad, según los cálculos del Ministerio de Hacienda. Las sanciones de Bruselas en casos de fondos europeos afectados por la corrupción en un Estado miembro van desde medidas administrativas a la suspensión de pagos, además de la recuperación del dinero.
Los fondos UE afectan, en concreto, a las adjudicaciones de los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias a la empresa para la que intermediaba el ex asesor del ex ministro Ábalos, Koldo García. El primero estaba presidido entonces por la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol. El segundo, por el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
«Tolerancia cero»
En una respuesta por escrito, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, destaca que «la Comisión tiene una tolerancia cero frente al fraude y la corrupción con los fondos de la UE, y toma muy en serio cualquier alegación o sospecha», añadiendo que «en todos los casos de sospecha de fraude o corrupción, los servicios de la Comisión contribuyen a la determinación de los hechos y los ponen a disposición de las autoridades de investigación».
A continuación, señala que: «En virtud de las normas de la política de cohesión, los Estados miembros son los principales responsables de prevenir, detectar y corregir las irregularidades, tanto fraudulentas como no fraudulentas, y de dotar a los sistemas de gestión y control de todos sus programas de medidas antifraude eficaces y proporcionadas».
La Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Fiscalía Europea llevan a cabo controles, auditorías e investigaciones con arreglo a sus competencias para garantizar que todo el presupuesto de la Unión Europea se gaste de conformidad con las normas y se proteja. Si se detecta un uso indebido de los fondos de la UE, las instituciones y órganos de la Unión Europea actúan dentro de estas competencias, abunda también la respuesta.
Preocupación en la UE
La trama Koldo ha provocado una gran preocupación en la UE por lo que implica en cuanto a los mecanismos de control de los fondos europeos.
Recientemente, como adelantó OKDIARIO, el Parlamento Europeo ya mostró su «profunda preocupación» por la «presunta malversación de fondos de la Unión en contratos» y denunció la falta de transparencia del Gobierno.
En concreto, la Eurocámara incorporó una enmienda al informe anual sobre la gestión de la Comisión -a instancias del Partido Popular europeo- en la que se insta a Bruselas a recurrir a auditorías externas «si se detecta una grave falta de capacidad en un Estado miembro». En la UE se destaca haber tenido conocimiento del caso por la denuncia de un particular y no de la autoridad nacional competente, como es su obligación.
La investigación de la UE se dirige por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en relación con los contratos de los servicios de salud pública de Canarias y Baleares que fueron adjudicados en ambos casos a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la trama del caso Koldo.
Tras conocerse el caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que los fondos europeos se someten en España a un control «absolutamente robusto y fiable».
En una comparecencia en el Senado, Montero emplazó a la Comisión Europea a «tener confianza» en el «control al que se someten los recursos públicos que proceden de Europa».
«Quiero transmitir a la ciudadanía que España cuenta con sistemas de control y de fiscalización absolutamente riguroso y eficaces, especialmente en el caso de fondos europeos y del Plan de Recuperación», indicó la ministra. Afirmó que el Ejecutivo ha «reforzado los sistemas de control, así como la prevención del fraude, el análisis de riesgo y de los conflictos de intereses».