El ministro Torres sabía que las mascarillas de Koldo eran ‘fake’ más de un año antes de endosárselas a la UE

El Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial, cargó a la Unión Europea una partida de mascarillas suministradas por Soluciones de Gestión SL -empresa para la que intermediaba Koldo García- que no cumplían con los requisitos de calidad exigidos. El Ejecutivo autonómico socialista rectificó el pago inicial para acabar financiándolo con los fondos europeos para la pandemia, pese a que las mascarillas eran defectuosas.

Según se detalla en la abundante documentación de este expediente -al que ha tenido acceso OKDIARIO-, el 22 de abril de 2020 el Gobierno canario de Torres formalizó un pedido de 2.750.000 mascarillas FFP2 a Soluciones de Gestión, a un precio unitario de 2,50 euros. Apenas un día después, la empresa hizo la primera entrega.

Sin embargo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias revisó las mascarillas y advirtió, en sendos informes de 27 de abril y 24 de julio de 2020, que una partida no podía considerarse «apta para su uso sanitario como FFP2». En concreto, el número de mascarillas afectadas ascendía a 837.800 unidades, valoradas en 2.094.018,50 euros.

El 22 de julio, el Gobierno canario comunicó a Soluciones de Gestión que parte de las mascarillas que había hecho pasar por FFP2, las consideradas de más alta protección y capacidad de filtrado, no cumplían los requisitos y no eran «compatibles» con la «eficacia de filtración frente aerosoles».

«Mascarillas quirúrgicas»

Tras descubrir que las mascarillas eran fake, Soluciones de Gestión propuso al Ejecutivo de Torres, «como compensación», rebajar su precio «valorándolas como mascarillas quirúrgicas al precio de mercado del mes de abril» y completar el pedido con 555.000 mascarillas -éstas sí FFP2- hasta alcanzar el importe final.

El Ejecutivo canario aceptó la propuesta, justificándose en «la subida de los contagios» y la necesidad de dotarse de mascarillas de cualquier tipo. Así, por las 837.800 mascarillas que Soluciones de Gestión pretendía hacer pasar como FFP2 se pagaron finalmente 707.518,50 euros (a 0,845 euros la unidad) y por las otras 555.000 unidades de mascarillas FFP2, a 2,50 euros,  un total de 1.387.500 euros. Según el expediente, «debido a la alta demanda mundial de este tipo de material sanitario» esta última partida no se entregó hasta el 5 de febrero de 2021.

El 10 de junio de 2021, una resolución del Servicio Canario de Salud enmendó la financiación del expediente, endosando las mascarillas fake a cargo de los fondos europeos. Igualmente, se cargó al dinero comunitario el pago de 65.772 euros correspondiente al «transporte, flete aéreo y seguro de transporte» del avión que transportó las mascarillas. En el expediente para el pago con el dinero de la UE -fondos Feder- se expone que se trata de «mascarillas FFP1».

Fondos UE

La financiación de este material sanitario a cargo de fondos UE no es ni mucho menos menor. De hecho, la Comisión Europea ya está en alerta y ha remitido el caso a la Oficina Europea Antifraude (OLAF) para que realice una investigación exhaustiva.

La preocupación por el posible uso irregular de dinero europeo por parte del Gobierno de España o de las administraciones autonómicas socialistas para pagar a la trama Koldo es evidente. En respuesta a OKDIARIO, las autoridades comunitarias advirtieron esta semana que se «tomarán todas las medidas necesarias para proteger el presupuesto de la Unión Europea» y advierten de la «política de tolerancia cero con el fraude».

«Los fondos de cohesión deben utilizarse de acuerdo con los requisitos regulatorios y los objetivos de la Política de Cohesión», añadió un portavoz comunitario a este periódico.

La Comisión espera que los países de la Unión Europea «tengan el mismo nivel de tolerancia cero con respecto al fraude» y recuerda que esos países «son los responsables de la gestión sólida de aproximadamente tres cuartos del presupuesto europeo, así como los beneficiarios de los fondos».

La Fiscalía Anticorrupción ya remitió en junio pasado a la Fiscalía Europea varios de los contratos firmados por los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, entonces en manos del PSOE -por un importe de 15,3 millones de euros-, al entender que «podrían afectar a fondos de la Unión Europea» por estar financiados con dinero comunitario.