Cerdán, mano derecha de Sánchez, a prisión por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decidido enviar a prisión provisional sin fianza al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El juez le imputa los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Cerdán ingresará en la prisión de Soto del Real (Madrid).

Lo ha hecho tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, unificadas en el PP. Todas las acusaciones han solicitado cárcel excepto la Asociación ADADE, que es el brazo judicial de los socialistas y está personado en la causa.

Líder de la trama

El juez considera que Cerdán «se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas, las recaudaba y las hacia llegar después a los señores (José Luis) Ábalos y (Koldo) García».

«En este sentido, mantendría con éstos últimos una relación vertical, de cierta preeminencia, siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos con la posible comisión de los hechos delictivos que a todos ellos se atribuyen», argumenta el magistrado.

Leopoldo Puente ha tomado esta decisión tras escuchar su declaración como imputado, que ha durado alrededor de una hora y en la que sólo ha contestado a preguntas de su abogado, ni siquiera del propio magistrado ni del fiscal. Cerdán ha negado cualquier implicación en la presunta trama y ha afirmado que la imputación se debe a una cacería política por ser «el arquitecto» de los gobiernos de Pedro Sánchez y los pactos con el separatismo.

El fiscal ha alegado que hay riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, subrayando que las conversaciones y mensajes en los que se basa su imputación son «explícitos».

Los argumentos del fiscal

El fiscal solicitó la prisión provisional incomunicada sin fianza de Santos Cerdán dado que concurren uno o varios hechos constitutivos de delitos con penas superiores a dos años de prisión. Para el fiscal, los indicios delictivos resultan evidentes, así como su participación directa en los mismos.

Según las investigaciones, Santos Cerdán habría ejercido como líder de una organización criminal que inicialmente puso en marcha en Navarra y posteriormente trasladó su actividad a Madrid. Koldo García formaba parte integral de dicha organización, así como José Luis Ábalos en el papel que le correspondía. Santos Cerdán habría introducido prácticas corruptas directamente en el seno del Ministerio.

Los mensajes intercambiados con Koldo García resultan altamente reveladores. Las conversaciones mantenidas con García y Ábalos, que el primero grabó sistemáticamente desde 2018 hasta 2023, proporcionan un contexto sólido y una enorme carga incriminatoria que abarca varios años de actividad delictiva. El papel central de Santos Cerdán en la trama resulta decisivo.

Según el fiscal, las explicaciones aportadas por la defensa resultan pobres, sesgadas y adoptan una postura victimista. Resulta ofensiva la insinuación de que esta causa judicial obedece únicamente a la pertenencia del investigado a un gobierno progresista.

Justificación de la prisión

La prisión provisional debe cumplir finalidades específicas. Existe un riesgo racional de fuga, considerando que las cantidades percibidas en este tipo de causas suelen ser muy cuantiosas y no pueden limitarse únicamente a aquellas de las que se ha obtenido evidencia a través de las conversaciones interceptadas.

Santos Cerdán actuó como jefe de una organización criminal con el objetivo de penetrar en un Gobierno que, en puridad, le era ajeno. Logró introducirse específicamente en el Ministerio con mayor presupuesto del Ejecutivo, valiéndose de Koldo García y Ábalos para quebrantar la legalidad en beneficio propio y de terceros, manipulando obras públicas, encareciendo artificialmente los proyectos y causando un grave daño a las instituciones democráticas.

«La gravedad de los delitos investigados, el momento inicial de la investigación, la capacidad del investigado para seguir comunicándose con el resto de personas implicadas, su capacidad para alterar pruebas y condicionar tanto a testigos como a otros investigados, hacen imprescindible la adopción de esta medida cautelar personal», explican juristas consultados.

Se declara «víctima» de una «cacería»

En su declaración, Cerdán ha insistido en que es «víctima» de una supuesta cacería política para perseguir al Gobierno de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha sostenido que en su contra ha jugado ser uno de los artífices de la investidura de Pedro Sánchez por haber negociado con PNV y Bildu. Al hilo, ha apostillado que el siguiente será el ministro de Justicia, Félix Bolaños, porque negoció con Junts.

Cerdán también se ha referido al contrato privado que la UCO halló el pasado 10 de junio en el registro efectuado en casa del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola. El documento refleja que en 2016 el ex dirigente socialista compró por 6.000 euros el 45% de Servinabar.

Esta empresa más de 75 millones de euros en adjudicaciones de obra pública realizadas por el Gobierno navarro que están ahora en el punto de mira del Supremo.

Cerdán ha explicado que firmó ese contrato privado porque sopesaba abandonar la política pero su mujer le pidió que siguiera, por lo que le pidió a socio que lo rompiera, siempre según su versión.