La UE avisa del «alto riesgo» por el control de RTVE mientras Sánchez se lanza a por la prensa crítica

Pedro Sánchez empieza a concretar algunas medidas de su plan de «regeneración democrática» que presentará en una comparecencia en el Congreso el próximo 17 de julio. El presidente socialista ha anunciado este lunes que pondrá un tope a la financiación con fondos públicos de los medios de comunicación digitales que califica de «pseudomedios» y que, en su opinión, «no tienen lectores». Sánchez lanza su ofensiva contra la prensa crítica, que ha revelado informaciones sobre su mujer Begoña Gómez o su hermano, mientras desoye los sucesivos avisos de la Comisión Europea sobre la «influencia política» y el control en los medios públicos «estatales», es decir, RTVE.

En concreto, el último informe sobre el Estado de Derecho, de 2023, alerta sobre el «alto riesgo» de esa «influencia política en la práctica de los medios de comunicación de servicio público a nivel estatal, autonómico y local». En marzo, cabe recordar, Concepción Cascajosa, militante socialista, consejera a propuesta del PSOE y candidata impuesta por Moncloa, logró la presidencia provisional de RTVE. Un nombramiento de gran carga política.

El análisis de Bruselas se basa en el Media Pluralism Monitor, que advierte, en su última evaluación para España, de ese alto riesgo por el control político de los entes públicos, incluido a nivel estatal.

Dicho informe advierte que «el indicador de independencia de los medios de servicio público ha aumentado a un riesgo alto (67%)»: «En teoría, la ley actual en España incluye mecanismos suficientes para preservar la independencia de los medios de servicio público. Sin embargo, la ley es impotente para detener la interferencia partidista», concluye, citando expresamente el caso de RTVE. Y añade: «Los gobiernos y los partidos siguen ejerciendo presión e influencia sobre la alta dirección de los medios de comunicación públicos a nivel estatal, regional y local».

Esa influencia política se da, principalmente, «a través de la publicidad institucional o la ayuda». Igualmente, «la propiedad o el control de la principal agencia de noticias financiada con fondos públicos (Efe) se considera inexistente, pero el nombramiento de su presidente depende del gobierno, por lo que la independencia de la influencia política no está completamente garantizada». Y otro aviso: «Los informes anuales oficiales del Gobierno no explican la cantidad de dinero público que recibe cada medio. La información es opaca en cuanto a los fondos públicos con ese fin, y se han informado problemas relacionados con la transparencia y supuestas prácticas de asignación discrecional».

Plan de «regeneración»

Avisos, todos ellos, que Sánchez desoye para lanzarse contra los medios críticos.

«Lo que estamos estudiando, y es una de las propuestas que haré al Congreso de los Diputados, es establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación. Porque lo que está sucediendo es que hay medios que solamente tienen recursos públicos y no tienen lectores», ha señalado este lunes en una entrevista en la Cadena Ser.

El socialista, según ha avanzado, propondrá una modificación de la Ley de Publicidad Institucional para incorporar «transparencia» en la financiación con recursos públicos de los medios digitales porque, según ha lanzado «no es aceptable que, con recursos públicos, se esté financiando la desinformación y los bulos».

Estas medidas se añaden a otras que ya había adelantado, como la reforma de la ley del derecho al honor y del derecho de rectificación, anunciadas por Sánchez después de los cinco días de reflexión que se tomó a finales del abril para decidir si continuaba o no al frente del Gobierno. Según el dirigente del PSOE, es necesario acabar con la «impunidad» de la que, dice, gozan algunos medios.

Tras presentar esta batería de medidas en el Congreso, Sánchez tiene previsto abrir una ronda de contactos con los Grupos Parlamentarios que quieran participar, para, después del verano, poner en marcha las medidas legislativas correspondientes.

No obstante, ya ha avanzado que estas iniciativas ya se están trabajando con el socio minoritario de coalición, Sumar, y con el resto de socios parlamentarios, aunque a partir del 17 de julio se fijará esa ronda de contactos oficial.

Sánchez ha vuelto a recurrir al reglamento europeo sobre medios de comunicación para tratar de avalar su propuesta. Sin embargo, este periódico ya desveló que el texto comunitario va en sentido contrario a lo que Sánchez pretende: obliga a las autoridades nacionales a salvaguardar a los medios y periodistas frente a los intentos de «censura» o «injerencia política».

Según Sánchez, la «desinformación» hace daño a la convivencia y al correcto funcionamiento de las sociedades democráticas y «abre la puerta» a fenómenos como el avance de la ultraderecha. Un argumento idéntico al que utiliza el dictador venezolano Nicolás Maduro en su reciente Ley contra el Fascismo, Neofascismo y otras expresiones similares.