El Tribunal Supremo no retransmitirá el juicio a Ábalos por las mordidas en los contratos de mascarillas

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este lunes que no retransmitirá, ni en directo ni en diferido, el juicio por las mordidas en contratos de mascarillas contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Además, el Alto Tribunal seguirá en el primer juicio del caso Koldo la misma fórmula que adoptó en la vista oral que acabó con la inhabilitación del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Con este modelo, busca garantizar el equilibrio entre el derecho a la información y el correcto desarrollo del proceso judicial.

A pesar de esta restricción, los medios sí contarán con acceso a una señal institucional oficial del juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril. Dicha señal podrá ser recogida en los espacios habilitados dentro del tribunal mediante sistemas de distribución de audio y vídeo. Sin embargo, su uso estará estrictamente limitado, lo que implica que los medios sólo podrán difundir fragmentos seleccionados del juicio y no su contenido íntegro.

En términos prácticos, esto significa que no será posible seguir el desarrollo completo de las sesiones a través de televisión o internet, ni siquiera posteriormente, sino únicamente a través de resúmenes o extractos editados.

En cuanto a las acusaciones, José Luis Ábalos se enfrenta a una petición de 24 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, una pena superior a la solicitada para Koldo García, que asciende a 19 años y medio. No obstante, las acusaciones populares, coordinadas por el Partido Popular, elevan la petición hasta los 30 años de cárcel para ambos.

Por su parte, Víctor de Aldama afronta una solicitud de pena menor, de 7 años de prisión, debido a que las acusaciones valoran su colaboración con la justicia tras haber reconocido el pago de comisiones ilegales.

Según la investigación, los tres habrían actuado «de manera coordinada» para obtener beneficios económicos mediante la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas, supuestamente aprovechando la posición de influencia de Ábalos tanto en el Gobierno como en el PSOE, donde ocupaba el cargo de secretario de Organización.