Torrent no podrá apoyar a Junqueras y Forcadell en el Supremo al ser citado como testigo del 1-O

Pese a que Torrent había avanzado su intención de asistir al juicio del 1-O, que dará comienzo el próximo día 12 de febrero, para «acompañar» a todos los acusados -especialmente, a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, porque «representa el parlamentarismo»- no podrá comparecer en la sala de vistas.

El actual presidente del Parlamento de Cataluña será ausente forzoso durante las declaraciones de los nueve acusados -y posterior interrogatorio de los abogados de las partes personadas en el procedimiento- dado que, tal y como pidió VOX en su escrito de práctica de prueba, ha sido admitido como testigo por el tribunal presidido por el juez Manuel Marchena.

La acusación popular ejercida por VOX justificaba en su solicitud, y posterior escrito de motivación de la misma, la comparecencia de Torrent en su calidad de diputado del parlamento catalán, durante los días previos y el de celebración del referéndum ilegal que derivó en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Está obligado a decir la verdad, declarar sobre todo aquello que conozca y contestar todas las preguntas que se le formulen

Al entender el tribunal competente para enjuiciar a los nueve políticos catalanes, acusados de sendos delitos de rebelión y sedición agravada con malversación, que Roger Torrent ha tenido conocimiento por razón de su entonces cargo, de los hechos de que se trata, el actual presidente del Parlamento catalán tendrá que concurrir presencialmente, para declarar.  Pero ello impedirá que lo haga con carácter previo como público.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los testigos que hayan de declarar en sede judicial durante el desarrollo del procedimiento penal, «permanecerán hasta que sean llamados a prestar sus declaraciones, en un local a propósito, sin comunicación con los que ya hubiesen declarado, ni con otra persona» de las que hayan de intervenir en la causa.

También, y no obstante lo anterior, tratándose de los supuestos previstos en los apartados 3 y 5 del Art. 412 de la misma norma, la citación como testigos de las personas que ocupan un cargo público, se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio del mismo. Algo que parece no preocupar a Roger Torrent ni al resto de políticos catalanes que han anunciado su próxima presencia en Madrid, y entre los que se encuentra, también, el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Todos los testigos están obligados a declarar lo que sepan sobre todo aquello que se les pregunte y, a diferencia de los acusados, no pueden negarse a contestar a ninguno de los abogados de las partes.

Vulneración de derechos democráticos

Según el presidente del Parlament, los acusados han abordado su traslado a las cárceles madrileñas de Soto del Real y Alcalá Meco -donde permanecerán durante los meses en los que se prolongue el juicio del 1-O- con la «cabeza bien alta y la conciencia tranquila», porque «poner urnas nunca puede ser un delito».

Por ello, ha señalado que los líderes independentistas denunciarán ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la «vulneración de sus derechos, desde la prisión preventiva a la dilatación de los plazos» por lo que insiste, en la línea habitual del independentismo, en que no tendrán un «juicio justo». «Van a poner al Estado delante del espejo para defender la democracia», ha apostillado.

«Hay que hacer todo lo que haga falta, de forma pacífica, democrática y cívica para denunciar esta injusticia y esta mentira judicial con un juicio que será un juicio a la democracia», ha insistido.

Torrent, diputados independentistas y de los comunes y trabajadores de la cámara catalana se han concentrado durante cinco minutos a las doce del mediodía en apoyo a los políticos catalanes en prisión provisional, acto que ha finalizado con gritos de «libertad, libertad».