La Justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont y acerca su extradición a España

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha dictado este miércoles sentencia respecto a la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. El alto tribunal europeo ha determinado que no goza de inmunidad parlamentaria y acerca así su extradición a España. Ahora, el juez Pablo Llarena deberá dictar una nueva euro orden que los tribunales belgas se verán obligados a aceptar. Puigdemont había utilizado la derogación del delito de sedición por parte del Gobierno de Pedro Sánchez como parte de su estrategia de defensa.

Hace varios meses que la Justicia europea tenía sobre la mesa el recurso que el expresidente de de la Generalitat Carles Puigdemont había interpuesto contra la decisión del Parlamento Europeo de suspender su inmunidad europarlamentaria. La presidencia de la Cámara, que había acreditado como parlamentario al entonces líder de JxCAT pese al rechazo de la Junta Electoral Central, tomó dicha decisión a petición del Tribunal Supremo.

La Sala Sexta ampliada del alto tribunal europeo ha tenido que estudiar dos casos que afectan a la inmunidad de Puigdemont y los otros dos eurodiputados de JxCAT reclamados por el Supremo, Toni Comín y Clara Ponsatí. El primero, por el rechazo del entonces presidente de la Eurocámara a atender la petición de protección de sus inmunidades a través de la eurodiputada de ERC Diana Riba; y el segundo, y más relevante, sobre los suplicatorios.

El caso se remonta a mayo de 2021, cuando los eurodiputados de JxCat denunciaron ante la Justicia europea las decisiones formales por las que en marzo de ese año el pleno de la Eurocámara aceptó tramitar los suplicatorios cursados por el instructor del proceso independentista, Pablo Llarena, para suspender la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

La Eurocámara consideró que los hechos por los que Puigdemont y Comín están reclamados -entonces por delitos de sedición y malversación; y, en el caso de Ponsatí, sólo por sedición- eran anteriores a que ocuparan su escaño, por lo que no guardan relación alguna con su actividad como eurodiputados.

La defensa de los políticos independentistas recurrió al estimar que la Eurocámara había dejado sin respuesta una serie de cuestiones que abren la puerta a que el suplicatorio pueda ser revocado, identificando hasta 14 puntos afectados por este silencio parlamentario. En la vista en Luxemburgo, los abogados de Puigdemont destacaron que el delito de sedición no esté penalizado en todos los estados miembro y que en España haya quedado derogado con la última reforma del Código Penal.

En la misma vista, celebrada en mayo del pasado año, los abogados de la Eurocámara respondieron a las quejas de la defensa de los eurodiputados por la tramitación de los suplicatorios advirtiendo de que la institución tuvo un trato «extremadamente abierto» con ellos, hasta el punto de permitirles ocupar su escaño «probablemente de manera ilegal» porque lo hizo sin que España le proclamara eurodiputado.

Una vez fallado el asunto del suplicatorio, la defensa de Carles Puigdemont ya ha dejado claro que va a presentar recurso. Dispone de un plazo de dos meses para presentar. Fuentes cercanas al ex president explican también  que solicitarán medidas cautelares para tratar de que la corte comunitaria les devuelva la inmunidad de inmediato provisionalmente mientras se resuelve el asunto de fondo, ya que ahora no puede salir de Bruselas.

El TGUE despeja así el camino para que el instructor del 1-O Pablo Llarena reactive las euro órdenes que dejó sin efecto el pasado enero, cuando revisó el procesamiento para adaptarlo a la reforma penal. Entonces ya explicó que las retiraba, dejando solo la orden nacional de busca y captura, a la espera de que la Justicia europea resolviera dos cuestiones.

«Satisfacción» en Moncloa

Fuentes del Gobierno muestran su «satisfacción» con la decisión que ha tomado este miércoles el Tribunal de Garantías de la Unión Europea. Aunque el juez Llarena sólo le puede reclamar a los tribunales belgas por un delito de malversación agravada debido a la derogación del delito de sedición por parte del propio Ejecutivo. De no haber sido así, tras el revés del TGUE a los separatistas, el Tribunal Supremo podría haber vuelto a reclamar y juzgar a Puigdemont por sedición.