El Supremo teme que el escrito de la Fiscalía rebaje las penas a los golpistas
El Tribunal Supremo espera con incertidumbre el escrito de acusación de la Fiscalía sobre los golpistas catalanes donde calificará los presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación o desobediencia cometidos por los dirigentes independentistas procesados por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
El pasado jueves, Llarena retiraba las euroórdenes contra Puigdemont y los exconsellers fugados después de que la justicia alemana acordara su entrega sólo por malversación y no por rebelión, como solicitaba. El magistrado afeaba que al tribunal alemán que valorase “a efectos de fondos” la declaración prestada por el expresidente catalán porque ello implica “conferir un valor probatorio a su versión” pese a que esta no pueda confrontarse con el resto de fuentes de prueba recogidas durante los 9 meses de instrucción de esta causa que cuenta con 25 procesados.
Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el Alto Tribunal espera que esta incógnita sobre la acusación de la Fiscalía que marcará el desarrollo del juicio oral «se defina» lo antes posible. No obstante, cabe recordar que el Ministerio Público no recurrió en su día el procesamiento del juez Llarena sobre los golpistas.
El juez instructor acordaba el pasado 10 de julio la conclusión del sumario de la causa del ‘procés’ respecto a los procesados no fugados, declarando la rebeldía de los fugados y aplicando la suspensión en las funciones y cargos públicos de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal LECRIM.
Tras terminar el sumario se realizará la fase intermedia de este proceso judicial con la preparación de la apertura del juicio oral durante el mes de agosto. Esto supondrá que el escrito de calificación de la Fiscalía en el que se acusará formalmente a los procesados por los delitos presuntamente cometidos se presentará previsiblemente en septiembre.
Otras fuentes consultadas ponen de relieve que «todos los informes de la Fiscalía y los 19 autos judiciales del Tribunal Supremo recogen la violencia y el delito de rebelión» durante el proceso independentista catalán. Un hecho relevante en el proceso judicial es que el Ministerio Público no presentara ningún recurso contra el auto de procesamiento de Llarena.
En su escrito de acusación, la Fiscalía deberá apuntar los hechos punibles que resulten del sumario, la calificación legal de los mismos hechos determinando el delito que constituyan, la participación que en ellos hubieran tenido los procesados, las circunstancias atenuantes y agravantes del delito o eximentes de responsabilidad criminal, así como las penas en que hayan incurrido los procesados.
Torrent en el punto de mira
Tal y como avanzaba este diario, el Tribunal Supremo denunciará ante la Fiscalía al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, por desobediencia si no suspende de cargo y de funciones a Carles Puigdemont y a los otros 5 diputados procesados por delitos de rebelión, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sánchez.
El Supremo aguarda la decisión del Parlament catalán sobre las suspensión de los 6 diputados procesados por rebelión, después de que se suspendiera la última sesión. ERC no aceptó la propuesta de JxCat, de que Puigdemont no fuera sustituido por otro diputado, a diferencia de los otros 6 parlamentarios suspendidos: Junqueras y Romeva (ERC), Sànchez, Turull y Rull (JxCat). Según ERC, no debían establecerse diferencias entre «diputados de primera y diputados de segunda».
En el caso de que la Cámara catalana decida no suspenderlos de funciones, el Alto Tribunal analizará la respuesta del Parlament y si observan posibles delitos de desobediencia u otros, lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía.
En función de cómo se justifique y se resuelva la respuesta negativa de la Cámara catalana a suspender a los diputados procesados, los responsables del posible delito de desobediencia podría ser Roger Torrent, los integrantes de la Mesa del Parlament, o todos ellos.