El Supremo ordena al Censo que excluya a los 163.355 nacionalizados de la ‘ley de nietos’ que no pueden votar
El veto alcanza a residentes en el extranjero y en España; quien aporte certificado podrá votar
El Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que ninguna de las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española por la vía de la conocida como ‘Ley de nietos’ figure como electora en el censo, con la excepción de las 901 que han presentado certificación consular. La decisión, adoptada este viernes, llega a nueve días de las elecciones a Cortes Generales del 29 de noviembre.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha precisado que la exclusión rige tanto para quienes viven fuera como para quienes residen en territorio nacional. Ninguno de los afectados podrá figurar como elector, «sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España».
El tribunal ha dejado, no obstante, una puerta abierta. La excepción se extiende a «cualesquiera otras que, con anterioridad al día de la votación, aporten dicha certificación consular, en los términos acordados por la Sala». Si tienen documentos que acrediten que su familiar fue exiliado por motivos políticos tras la Segunda República aprobados por el cónsul sí podrán votar.
La resolución se ha dictado en la pieza de medidas cautelares del recurso ordinario. Ha sido ponente el magistrado Manuel Delgado-Iribarren, en una Sala presidida por Luis María Díez-Picazo.
El detonante han sido los informes remitidos para acreditar el cumplimiento de las medidas cautelares. La Sala ha examinado el escrito de la Abogacía del Estado del 13 de noviembre y los informes de la Oficina del Censo Electoral del 28 de octubre y del 5 y el 11 de noviembre.
Los magistrados los han calificado de «difícil comprensión», en sintonía con lo que ya había advertido el Ministerio Fiscal. Frente a ese dédalo de cifras y procedimientos, la Sala ha optado por recordar la Ley Orgánica del Poder Judicial: «Las resoluciones judiciales se ejecutarán en sus propios términos».
Censo electoral
Antes de resolver, la Sala había trasladado el informe del Instituto Nacional de Estadística a las partes personadas, mediante providencia del 16 de noviembre. Las respuestas han sido muy dispares.
El Ministerio Fiscal ha entendido que los afectados han quedado excluidos de las listas consulares y que «tampoco podrán ejercer su voto presencial en urna ni ser objeto de escrutinio». En esos términos se ha dado por instruido, «aun con las reservas a las que hemos hecho referencia».
La procuradora Virginia Aragón –habitual representante del PSOE–, en nombre de cinco electores, no se ha opuesto a los efectos del informe, porque a su juicio «salva de la exclusión del ejercicio del voto» a quienes ya puedan saber que sí votarán.
La Asociación Extranjeristas en Red ha pedido un informe complementario coordinado del INE y del Ministerio de Asuntos Exteriores, con supervisión de la Junta Electoral Central. La representación de otros 42 afectados ha solicitado el levantamiento de la suspensión y ha impugnado que el informe acredite la irregularidad individual de «los 113.326 electores afectados».
Vox, por su parte, ha reclamado que la suspensión alcance a todos los nacionalizados por esta vía «con independencia del censo electoral, CERA o CER, en que figuren inscritas». En ese punto, lo acordado por la Sala coincide con lo que pedía la formación.
El resto de peticiones han sido inadmitidas. Unas aluden a recursos de reposición ya «resueltos en nuestro auto del pasado 18 de noviembre»; otras son competencia de la Junta Electoral Central, «siendo a ella a quien deben dirigirse». Contra la providencia cabe recurso de reposición en cinco días.
Ley de nietos
La llamada ‘Ley de nietos’ es, en realidad, la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de exiliados. La controversia se ha centrado sobre todo en la instrucción administrativa que desarrolló ese precepto.
Los recursos de Vox e Iustitia Europa han dado pie a las medidas cautelares, recogidas en varios autos. El auto del 9 de noviembre ha mantenido la suspensión y los recursos contra él se han resuelto el 18 de noviembre. La excepción queda reservada a quienes cuenten con la «certificación consular de exilio» prevista en el auto de septiembre.
Ese mismo viernes, la Sección Cuarta ha dictado otra providencia, con Antonio Narváez como ponente. Ha dado traslado de varios certificados de la directora general de Política Interior y ha habilitado el sábado 21 y el domingo 22 para alegar.
En ella, la Sala ha exigido «la necesaria reserva» sobre «datos sensibles sobre controles de seguridad y sistemas de verificación de los dispositivos» que identificarán a los electores. También ha requerido al Partido Popular que aclare en qué concepto quiere personarse, ya que sólo puede hacerlo como codemandado.
A nueve días de las urnas, la cuenta atrás de estos electores ya no se mide en jornadas, sino en sellos consulares. Cada certificación que llegue antes del 29 de noviembre restará un nombre a una lista de 163.355 en la que, por ahora, solo 901 tienen el pase asegurado.