El otro coladero: los hijos de 373.616 nacionalizados con Zapatero sin probar el exilio también podrán votar el 29-N
La Ley de Nietos permitió dar el pasaporte español a los hijos de los nacionalizados en 2007
El Supremo rechaza suspender el voto a los 189.678 hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos
Última hora de las elecciones generales del 29-N

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos, que podrán votar el próximo 29 de noviembre mientras sus padres tienen el voto suspendido al no haber acreditado el exilio de sus antepasados.
El auto del Supremo se limita a analizar las medidas cautelares en relación a la suspensión del voto de los hijos de los nacionalizados por la ley aprobada en 2022, pero no por la Ley de Memoria Democrática de José Luis Rodríguez Zapatero, de 2007. Por esta vía se aprobaron 373.616 concesiones de nacionalidad.
Tampoco en esa ley de 2007 era necesario acreditar el exilio, bastaba con demostrar que los antepasados habían salido de España entre 1936 y 1955, tal y como se estableció en una instrucción posterior.
La Ley de Nietos también presumía la «condición de exiliado» a los emigrantes que hubieran partido en esa fecha, lo que motivó que el Tribunal Supremo ordenase al Gobierno revisar los expedientes de nacionalidad y suspender el voto de aquellos que no hubiesen acreditado el exilio de sus antepasados. El Ejecutivo sólo pudo probar que 901 de los 163.355 nacionalizados habían justificado documentalmente ese exilio y, por tanto, podrían votar el 29 de noviembre.
La norma actual del Ejecutivo socialista estableció otro supuesto para adquirir la nacionalidad: «Los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la Ley de 2007». En definitiva, los hijos e hijas mayores de edad de los nacionalizados, bien por la ley de Zapatero o por la Ley de Memoria de 2022.
Podrán votar el 29-N
Estos podrán votar en los próximos comicios, pese a que sus padres no hayan acreditado documentalmente el exilio. El Supremo ha justificado la decisión en la falta de tiempo para llevar a cabo la revisión, optando por priorizar «los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral». Así, «la valoración de los diferentes intereses en conflicto debe decantarse por la denegación de la pretensión cautelar, por entender que de su concesión pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales», expone en el auto.
En consecuencia, podrán votar 189.678 hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos, pero también los hijos de los 373.616 nacionalizados con Zapatero. La mayoría de esas nacionalizaciones se concedieron en La Habana (186.830), Buenos Aires (56.489), México (35.570) y Miami (20.459).
En su auto de este lunes, los magistrados del Supremo insisten en la defensa de su posición sobre la Ley de Nietos, porque «había un riesgo cierto de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, lo que afecta a su regularidad jurídica y, por ende, a la pureza del proceso electoral», por lo que, subrayan, «con mayor razón esa apreciación es aplicable a una cifra mayor», que es la que representan los hijos.
Pero el problema, según su argumentación, es la falta de tiempo, pues la reclamación de Vox e Iustitia Europa «pudiendo haberse planteado antes, se plantea transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados».
En cualquier caso, el Supremo sí se reitera en la suspensión del voto de los nacionalizados, pues «después de conocer la relación nominal de las personas que aparecen afectadas por las medidas cautelares acordadas en nuestros autos anteriores, su considerable cifra y las presuntas irregularidades con que, aparentemente, han podido acceder al CERA, persisten las razones que llevaron a esta Sala a apreciar la existencia de este último requisito».
Desde el Gobierno se apresuraron este lunes a celebrar la decisión del Supremo de permitir votar a los hijos de los nacionalizados de falsos exiliados, y ven la decisión «un freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas».