La socialista Valerio prohíbe a los letrados del Consejo de Estado difundir su escrito contra la amnistía

Los letrados del Consejo de Estado no podrán pronunciarse públicamente contra la Ley de Amnistía. A diferencia de multitud de instituciones del Estado, la ex ministra socialista que ahora lo preside, Magdalena Valerio, ha prohibido la difusión de una declaración de los letrados crítica con la ley pactada entre Pedro Sánchez y el separatismo. Veinte de los 27 letrados del Consejo suscribieron el texto contra la amnistía, aunque Valerio ha asegurado este martes que no hay voces discordantes sobre la polémica ley que hayan pedido pronunciarse.

En el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva, los letrados argumentan que la amnistía se aleja de elementos claves del régimen constitucional y jurídico: «La anunciada amnistía supondría una medida absolutamente excepcional para nuestro actual Estado constitucional y democrático de Derecho, por lo que toda cautela, reflexión y sosiego son especialmente necesarias a fin de evitar una quiebra de los principios que han venido presidiendo nuestro Estado y nuestro Derecho».

Además, los letrados se detienen especialmente en el polémico concepto de lawfare -la supuesta persecución judicial que alegan los separatistas-  señalando que parece «encerrar una desconfianza respecto del control y revisión judicial de las actuaciones políticas». «No se corresponde con el modo en que se desenvolvieron esas actuaciones judiciales, de manera que no es fácilmente comprensible en qué tipo de iniciativas está pensando el acuerdo», enfatizan los letrados en el texto contra la amnistía que ha sido ocultado por Magdalena Valerio.

También cargan contra las comisiones parlamentarias de investigación que figuran en los acuerdos entre el PSOE, Junts y ERC y que implican la revisión de procesos como el espionaje con Pegasus o los atentados de Barcelona y Cambrils. Los letrados explican que estas comisiones son difícilmente compatibles con la reserva e independencia con que la Constitución Española encomienda sus funciones a los órganos judiciales.

A pesar de que este escrito se había presentado internamente, fuentes solventes de la institución aseguran que la secretaria general del Consejo de Estado, Guadalupe Hernández Gil, decidió paralizarlo. La funcionaria alegó que el máximo órgano consultivo del Gobierno «debía preservar su independencia» y «no prejuzgar».

Reunión confidencial

Pero el revuelo por la amnistía dentro del Consejo de Estado va más allá. Fuentes internas también aseguran que este escrito se abordó en la Comisión Permanente celebrada el pasado 23 de noviembre. Esta reunión es confidencial y se celebra a puerta cerrada todos los jueves a primera hora de la mañana. En dicho encuentro se reúnen la presidenta, Magdalena Valerio; la secretaria general, Guadalupe Hernández; los ocho consejeros permanentes; y los letrados.

Fuentes presentes en esta reunión aseguran que se examinó el escrito durante al menos media hora. Sin embargo, se decidió mantenerlo oculto, al contrario de lo que han hecho otras instituciones del Estado que sí han alzado la voz contra la amnistía. El Consejo General del Poder Judicial, la Sala del Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, las Salas de Gobierno de múltiples Tribunales Superiores de Justicia, así como varias asociaciones de juristas, son sólo algunas de las instituciones que lanzaron comunicados condenando los pactos de investidura de Sánchez con Junts.

Valerio no habla de amnistía

Este martes, Magdalena Valerio evitó pronunciarse públicamente sobre la amnistía a pesar del escrito de los letrados. «Procuramos hacer la tarea constitucional que el artículo 107 de la Constitución nos atribuye y no tenemos opinión respecto a cualquier actitud o actividad que tengan otros representantes de instituciones del Estado, sean del Poder Judicial, del Legislativo o del Ejecutivo», declaró la presidenta tras presentar en rueda de prensa la Memoria 2022 del organismo.

Valerio también se ha excusado en el que el Consejo de Estado no debía elaborar ningún dictamen sobre la Ley de la Amnistía al tratarse este texto de una proposición en lugar de un proyecto de ley. Estos dictámenes son consultivos y preceptivos. Sin embargo, los letrados no han redactado ningún dictamen, sino un comunicado cuya difusión no ha sido autorizada por los altos cargos de la institución.

Magdalena Valerio fue ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social con el PSOE y posteriormente Pedro Sánchez la nombró presidenta del Consejo de Estado. Valerio asumió la presidencia que dejó vacante María Teresa Fernández de la Vega para garantizarse un puesto de consejera permanente en la institución. Así, se podría garantizar una mayoría progresista en la Comisión Permanente del Consejo que, en este caso, ha prohibido la difusión del escrito de los letrados contra la amnistía.