Sanidad prepara un plan de respuesta a los rebrotes un mes después de iniciar la desescalada

El Gobierno trabaja intensamente en un plan de actuación que permita plantar cara a los rebrotes que, en las últimas horas, están provocando un fuerte incremento de contagios en prácticamente todas las Comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad ha diseñado un documento, validado esta mañana por el presidente Pedro Sánchez durante la reunión del comité de crisis del coronavirus, que ha remitido a las administraciones regionales este mediodía.

El plan, al que ha tenido acceso OKDIARIO, será debatido esta tarde durante la celebración de la comisión interterritorial de Sanidad. El ministro, Salvador Illa, ha citado por la tarde a todos los consejeros autonómicos que se verán las caras de nuevo mediante una videconferencia. El objetivo, explican fuentes de Sanidad, es que durante esta tarde se pueda debatir y el jueves se le pueda dar luz verde.

El plan contempla tres caminos para poner fin a la transmisión del coronavirus. En primer lugar el Gobierno prevé que sean las comunidades las que, en primera instancia, tomen las decisiones pertinentes al ser las que mejor conocen el territorio. Las Comunidades mantendrían casi todas las competencias aunque Sanidad recuperaría algunas de ellas, tal como avanzó este fin de semana este periódico. Y es que el documento plantea que el ministro Salvador Illa vuelva a coordinar las actuaciones conjuntas cuando un rebrote se extienda a más de una comunidad. Un nuevo estado de alarma es la tercera vía.

De momento en Moncloa se resisten a decretar un nuevo estado de alarma que, según las mismas fuentes, «sería la última decisión posible». Volver de nuevo al estado de excepcionalidad -explican- se aprobaría si la transmisión vuelve a afectar a toda España. Aseguran que estamos en una fase de “control”, a diferencia de lo que ocurría entre los meses de marzo y junio, pese a que prácticamente todas las comunidades tienen algún brote.

Sanidad quiere que el plan que espera aprobar el jueves se aplique a rajatabla para precisamente poder atajar los rebrotes con la mayor rapidez posible y evitar así otro escenario de transmisión descontrolada, escenario que obligó a decretar por primera vez el estado de alarma el 14 de marzo. El Gobierno confía en «la responsabilidad» de la ciudadanía y que las comunidades trabajen de forma coordinada.

El documento también especifica de qué forma las Comunidades pueden confinar a la ciudadanía dentro la legalidad. Moncloa se remite a la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública (1986) y la Ley General de Salud Pública (2011) para facilitar los confinamientos. El texto, no obstante, recuerda que las decisiones deben ser siempre ratificadas por un juzgado de lo contencioso administrativo. El Gobierno paralelamente estudia una reforma legal que permita el confinamiento sin estado de alarma aunque, si es necesario, se recurriría a este mecanismo constitucional en caso de situaciones críticas.

El Ministerio de Sanidad también pide a las Comunidades que hagan acopio de medicamentos y material sanitario para subsistir un mínimo de ocho semanas. Esa recomendación, admiten en el Gobierno, es por si se vuelve a un escenario similar al de los meses de marzo y abril y se colapsa el mercado internacional, todas las comunidades tengan las herramientas necesarias para responder a la crisis.

Hace más de un mes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez transfirió a las Comunidades la capacidad de gestionar la descescalada. Desde entonces el Gobierno no ha avanzado prácticamente en nada de cara a dar cobertura jurídica a las decisiones que se vayan a tomar al margen del estado de alarma. De hecho, esta mañana, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha usado la decisión de madrugada de la juez de guardia de Lérida para recordar que «da la razón al Gobierno con que no había ‘plan B’.