Sánchez reduce de 11.157 a 3.641 los inmigrantes expulsados al año por un delito grave desde que gobierna

El Gobierno de Pedro Sánchez da un nuevo volantazo y desde Moncloa se empieza a hablar de devoluciones de inmigrantes ilegales y expulsiones de aquellos que comentan delitos. Un cambio de discurso que ya le afean sus socios de extrema izquierda, y que queda desacreditado con los datos policiales sobre devoluciones de ilegales y expulsiones de inmigrantes con condenas mayores a 1 año: cuando Sánchez llegó a Moncloa se ejecutaron 11.157 expedientes, mientras que la última cifra registrada por su Gobierno se queda en 3.641. Tres veces menos.

El Gobierno apuesta ahora por dar un giro a su política de inmigración ilegal. O al menos eso asegura Sánchez, cercado por una crisis sin precedentes de llegadas que tiene a España en cifras de récord, con 31.155 inmigrantes ilegales que alcanzaron las costas nacionales en lo que va de 2024. Además, Frontex, como ha informado OKDIARIO, ya ha advertido a España que la de Canarias es la única ruta que crece, sustituyendo progresivamente a la que une el norte de África con Italia.

En medio de ese escenario, desde Moncloa se asegura ahora que España se va a esforzar en expulsar a aquellos inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos graves, con penas de prisión de más de un año. Pero el Ejecutivo trata de ocultar la gravedad de las cifras: esas expulsiones se han reducido de manera drástica desde que Sánchez es presidente del Gobierno.

Según datos oficiales de la Dirección General de la Policía Nacional, competente en materia de extranjería, devoluciones y expulsiones, las cifras son contundentes: en 2018, con Sánchez recién llegado a La Moncloa, se devolvía y expulsaba a 11.157 personas, mientras que en 2022 -último año con cifras consolidadas- el número se quedó en 3.641. Una caída que supera el 300%.

De ellos, 4.180 correspondían a expulsiones de ilegales con delitos graves, que actualmente se han reducido a 2.626. Cifra significativa si se tiene en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los delitos graves e infracciones cometidos por extranjeros han aumentado en ese periodo desde los 406.000 a los 426.000.

Nuevo giro de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a cambiar de discurso y, ahora, asegura que es «imprescindible» deportar a los inmigrantes ilegales que llegan a las costas españolas. «Traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos», justificó el jefe del Ejecutivo la pasada semana desde el Instituto Cervantes de Dakar, capital de Senegal, donde terminó su gira internacional para tratar el caos migratorio.

Sánchez criticó la existencia de mafias que «juegan con las vidas de nuestros compatriotas, quebrando el futuro de muchos jóvenes que son engañados y las esperanzas de las familias que confían en ellas». Por otro lado, también denunció que la inmigración masiva ilegal puede traer delitos «como tráficos ilícitos de toda clase y también, lógicamente, el terrorismo». «La seguridad es una prioridad máxima», sentenció el jefe del Ejecutivo español, aunque admitió que «desgraciadamente, las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer».

Expulsiones

En ese sentido, en un nuevo giro de discurso que ha soliviantado a sus socios de extrema izquierda, apostó por expulsar de España a los inmigrantes irregulares: «Principalmente, porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos, pero esencialmente porque la legislación europea y española obligan a ello».

Sánchez manifestó esta decisión después de impulsar una propuesta de «inmigración circular» para cubrir puestos de trabajo con inmigrantes. Según los cálculos del Ejecutivo, España necesitará de 200.000 a 250.000 trabajadores inmigrantes al año, hasta 2050, para «sostener el Estado del bienestar».

Aviso policial

El plan supone importar de forma temporal a cientos de miles de trabajadores durante un periodo de tiempo, con el compromiso de que retornen a sus países cuando finalice su contrato. Una propuesta que ha inquietado profundamente entre las fuerzas policiales dedicadas a labores de Extranjería, que asumen que será imposible garantizar que todos esos inmigrantes procedentes de África vuelvan a sus países. Además, sospechan que se va a disparar la picaresca.

«Tenemos más de 150.000 refugiados y la Policía no tiene capacidad para tener en el radar a todos. El escenario que se plantea, con hasta 250.000 personas por el territorio, es imposible de monitorizar. Ni la cuarta parte. No se puede garantizar que vengan y luego decidan no volver a sus países». Así lo explica a OKDIARIO un funcionario policial al frente de una de las brigadas provinciales de Extranjería con mayor actividad de España.

Los temores de la Policía Nacional ante el plan parten, principalmente, del convencimiento de que no existen medios materiales ni humanos capaces de realizar un seguimiento efectivo de esos trabajadores. Según entienden, no hay garantías de que quienes vengan cumplan ese compromiso, y ni siquiera de que una vez dentro del país se salgan del programa de empleo. E incluso del país, rumbo a otras zonas de Europa y ya bajo el estatus de inmigrante irregular.

De hecho, explican, una vez se concreten los planes del Gobierno de Sánchez para inmigrantes circulares está prevista que los mandos de esta sección mantengan una reunión en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para analizar las complicaciones que puede suponer para los flujos de inmigración que llegan a España.