Sánchez retuerce la ley para colocar 2 magistrados afines y alterar el reparto en el Constitucional

Pedro Sánchez quiere el control del Tribunal Constitucional y lo quiere ya. El plan cuenta con la asesoría de Cándido Conde-Pumpido. Busca renovar dos de los doce miembros en junio: los que designa el Gobierno. La estrategia pasa por alterar la interpretación mantenida hasta el momento en la forma de designar magistrados del Constitucional y permitiría al Gobierno invertir la mayoría conservadora y pasar a controlar la Corte de Defensa de Derechos Constitucionales.

Sánchez sigue con su plan de toma de las instituciones. Y lo piensa hacer “retorciendo la Constitución”, tal y como lo califican fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO. El último acuerdo de renovación de magistrados firmado entre PP y PSOE no alteró el reparto de poder entre conservadores y progresistas. Pero hay una maniobra con la que sí podría hacerlo. Y, además, en un plazo de tiempo muy corto. Sánchez se ha puesto ya manos a la obra en esa dirección.

El encargado de armar jurídicamente la argumentación para poder hacerlo es Cándido Conde-Pumpido. El plan pasa por retorcer la interpretación constitucional implantada para poder nombrar en junio el Gobierno dos magistrados, pese al actual boqueo. Ese cambio supondría invertir el actual esquema de reparto de poder, que muestra una mayoría conservadora. Si el plan triunfa, el poder se invertiría a favor de los progresistas.

El artículo 159 de la Constitución Española regula el sistema de designación de magistrados del Tribunal Constitucional. Y señala que este organismo “se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”.

Pero el punto 3 señala expresamente en qué horizontes temporales y en qué grupos se deben renovar esos cargos: “Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres”. Esas terceras partes significa que se renuevan de cuatro en cuatro. Y la interpretación constitucional ha determinado que esos tercios fuesen, como indica el mismo artículo, por una lado, los que propone el Congreso; por otro, los que propone el Senado; y, por último y de forma conjunta, los que propone el Gobierno más lo del CGPJ.

Y es que, con otra interpretación, no sería posible cumplir con el mandato de que sea por tercios, puesto que serían cuatro tandas de renovación y no tres.

Proposición en junio

Ahora el Gobierno quiere retorcer la Constitución y anticipar, del último tercio, los dos suyos. Y es que, al estar bloqueada la renovación del Poder Judicial (CGPJ), los dos del Consejo General del Poder Judicial no se pueden renovar, precisamente, por estar en funciones el CGPJ.

El Gobierno quiere llegar a junio -fecha de renovación de ese último tercio- y proponer los dos suyos. A partir de ahí, deberían pasar el examen de idoneidad del propio Pleno del Tribunal Constitucional, donde el propio organismo podría argumentar la incapacidad para admitir la idoneidad de los dos del Gobierno sin contar con los otros dos del Poder Judicial. Algo que abocaría al Constitucional a una tensión sin precedentes.

El Gobierno tampoco descarta instar una reforma legal para poder imponer su interpretación. Pero sabe que ese camino sería más largo y abriría una nueva negociación de poder con sus socios, algo que prefiere evitar en este momento.

El Pleno del Congreso de los Diputados aceptó el pasado mes de noviembre a los candidatos propuestos por el PSOE y el PP para cubrir los puestos del Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas que habían caducado, así como al nuevo Defensor del Pueblo, pendiente de renovación desde julio de 2017.

Pero ese reciente pacto no alteró el eje de poder en el Constitucional. Y, pese a ello, tampoco ese fue un trance sencillo para los partidos proponentes de los cuatro magistrados al Constitucional: tuvieron que registrar ya once deserciones en la votación. Ya habían expresado su descontento diputados del Grupo Socialista y de Unidas Podemos, que no firmó el acuerdo entre PSOE y PP, pero que lo avaló tras colar a su candidato, Ramón Sáez Valcárcel. Además, buena parte del hemiciclo mostró su rechazo a tales nombramientos, tanto los socios nacionalistas, golpistas y proterras del Gobierno de Pedro Sánchez, como Vox y Ciudadanos.

No obstante, todos los aspirantes superaron los 210 votos (mayoría de tres quintos) que necesitaban para superar este último trámite parlamentario. Y es que PSOE, Unidas Podemos y el PP sumaban de antemano, sin contar las deserciones, 243 escaños. El candidato Enrique Arnaldo, a propuesta del PP, recibió 232 apoyos, Concepción Espejel (237), Inmaculada Montalbán (240) y Ramón Sáez Valcárcel (240).

Pero ahora no se trata de una mera renovación de nombres. Se trata de dar la vuelta al eje de poder en el Constitucional.