Sánchez presionó a Gabilondo para que asumiera la responsabilidad en exclusiva del desastre del 4M

Ángel Gabilondo
Ángel Gabilondo y Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez no ha estado dispuesto a asumir la responsabilidad de una campaña, la del 4M, que ha estado marcada por él y su equipo de forma totalmente personal desde el primer minuto y ha acabado en un colosal desastre para los socialistas. Y precisamente por eso, Moncloa quería un cabeza de turco. En concreto, Ángel Gabilondo.

Sánchez presionó a Ángel Gabilondo desde la misma noche del 4M y con el resultado electoral aún fresco para que no sólo dimitiera-ya ha anunciado que no recogerá el acta de diputado autonómico- sino para que asumiera que la desastrosa campaña y la tremenda derrota ha sido culpa suya y sólo suya.

Hay que recordar que Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a presidir la Comunidad de Madrid, fue ingresado este pasado jueves en el Hospital Ramón y Cajal. El ex ministro ingresó con una arritmia cardiaca la tarde del jueves tras ser vacunado contra el coronavirus por la mañana. Los doctores que le atienden han descartado relación alguna entre la vacuna y  su estado de salud. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho al respecto tras visitarle en el hospital, que la arritmia puede estar relacionada con la intensa campaña electoral, dado que las molestias ya las había tenido en días previos.

La reacción de Sánchez para culpar a cualquiera menos a él mismo se ha cobrado ya otra víctima política: José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid y estrecho colaborador de Gabilondo.

Pero ni Franco, ni Gabilondo son los responsables solitarios y en exclusiva del desastre de la campaña socialista del 4M. De hecho, el arranque de campaña de Gabilondo fue justo el contrario del decretado por Sánchez tres días después: fue Moncloa quien tumbó la presentación bajo el lema de “soso, serio y formal” de Gabilondo para saltar a la yugular de Díaz Ayuso, fue Sánchez quien culpó a Vox de las pedradas que recibía en sus propios mítines, fue una de sus ministras quien anunció la subida de impuestos después de que Gabilondo pretendiera negarlo, y fue la subordinada de Sánchez, Reyes Maroto, quien acabó usando las amenazas como elemento electoral.

Pero, sea como sea, el resultado de las elecciones autonómicas del 4M en la Comunidad de Madrid ha abierto una guerra soterrada en el Partido Socialista. Sectores clásicos del PSOE culpan al jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, de un batacazo sin precedentes frente al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso.

Carmen Calvo y algunos de los representantes del Partido Socialista en comunidades como Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura no consideran que la estrategia de Redondo sea la acertada. Creen que se está devaluando el movimiento emergente de defensa de la libertad que surge en la derecha y consideran que el seguidismo permanente de las exigencias y desafíos de Podemos está llevando al PSOE a una situación peligrosa de cara a unas elecciones generales.

Esos mismos sectores consideran que lo sufrido este pasado 4M no es un hecho aislado y que desde el mismo momento en el que Pedro Sánchez empezó a negociar la conformación de un Gobierno social comunista con Pablo Iglesias, el PSOE devaluó su posición de predominio histórico en la izquierda.

Fuentes de esos sectores apuntan a Iván Redondo como el responsable de esa sumisión del PSOE a Podemos.
No se trata del único punto que motiva el roce interno. Responsables importantes del PSOE consideran que la imagen de este partido se ha visto deteriorada por contar con aliados como podemos, ERC o Bildu, formaciones que hacen muy difícil convencer a la población de que el Partido Socialista es una formación de Estado y de Gobierno creíble.

Las tensiones económicas se han sumado a las propiamente políticas generadas por la compañía de estos partidos antisistema. Las peleas intestinas en el Consejo de Ministros entre los representantes del PSOE y de Podemos se han convertido en una rutina que afecta a las materias más sensibles: reforma laboral, mantenimiento de la propiedad privada o sistema de pensiones. Y ese mensaje ha traspasado las fronteras españolas para llegar a los oídos de la Unión Europea.

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