Sánchez pactará con el PNV y los golpistas que el Constitucional no pueda suspenderles por desobediencia

El Gobierno de Pedro Sánchez facilitará la derogación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la que se faculta al Alto Tribunal a suspender o sancionar a los cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones.

La eliminación de esa potestad fue planteada, en 2016, por el PNV en el Congreso. Entonces, el Pleno aprobó su tramitación, con los votos a favor de PSOE, Podemos y las formaciones independentistas, y el rechazo de PP y Ciudadanos. Sin embargo, la reforma permanecía aún encallada en el Congreso, paralizada por las sucesivas ampliaciones en el trámite de enmiendas. Hasta que la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria electoral hizo que decayese.

Ahora, el PNV  la recupera como una de sus prioridades para la nueva legislatura. La formación nacionalista la ha incluido entre las iniciativas registradas en la Cámara Baja, aún cuando la actividad parlamentaria no ha arrancado. Esto hace prever que será también de las primeras que se discutan en la nueva legislatura. Y no se anticipan excesivos problemas, dada la mayoría de PSOE, Podemos y partidos separatistas en la Cámara.

La reforma se aprobó en 2015, en pleno desafío independentista en Cataluña -gracias a la mayoría absoluta del PP- y el Alto Tribunal avaló su constitucionalidad.

La Ley otorgaba al Constitucional la potestad para obligar a acatar sus resoluciones mediante la adopción de medidas cautelares y, entre ellas, la suspensión en el ejercicio de sus funciones a los altos cargos que le desobedezcan. Hasta entonces, el tribunal no disponía de herramientas suficientes para obligar a ejecutar sus decisiones.

El PNV: «Injerencia desproporcionada»

La reforma fue recurrida por el Gobierno Vasco. Desde el PNV, en su texto en el Congreso, se considera que se conceden demasiados poderes al Tribunal y, con ello, «se altera su configuración constitucional y lo desnaturaliza, situando a la jurisdicción constitucional por encima del resto de los órganos constitucionales en claro detrimento del principio de continuo y permanente diálogo entre órganos constitucionales, que debe primar, más aún ante las situaciones excepcionales que prevé».

Estima el PNV que dicha potestad supone «un claro detrimento del principio básico de la separación de poderes y del principio de diálogo institucional» que permite al Constitucional imponerse «de manera coercitiva y unilateral». 

«La ejecución de sus resoluciones deben ser ejecutadas a través del continúo diálogo democrático entre las instituciones, sin que pueda imponerse un poder público por encima del otro. Lo contrario sería romper el consenso constitucional de 1978 y generaría una crisis sin precedentes al margen de los valores constitucionales», se añade.

El partido de Urkullu destaca además que supone una alteración del régimen de aforamiento que protege a los cargos públicos. «Estamos pues en presencia de una injerencia indebida, innecesaria y desproporcionada», concluye.

El PSOE: «Gran irresponsabilidad»

En su momento, los socialistas ya apoyaron la derogación de esta reforma, alineados con la tesis nacionalista de que con ella se convertía al Constitucional en un tribunal político, en pleno proceso independentista en Cataluña. Desde el PNV, su promotor, Mikel Legarda, pronosticó una «hecatombe jurídica y política» la suspensión de una autoridad salida de elecciones. Desde el PSOE, se calificó de una «gran irresponsabilidad», y desde Podemos se afeó al PP la intención de usar el tribunal «como un garrote» contra la crisis catalana.

El PP, por su parte -que votó en contra- defendió la reforma por su «efecto disuasorio» contra quienes pretendan ir contra la ley.