Sánchez incumple la directiva de la UE que exige proteger a los consumidores ante la subida de la luz

España ha registrado este jueves su cuarto récord histórico en el precio de la luz. La factura está disparada y el megavatio hora alcanza ya un coste de 115,83 euros, un 190% más que en agosto del año pasado. Mientras, Pedro Sánchez permanece impasible ante este nuevo golpe para el bolsillo de los españoles. El Gobierno ha evitado asumir responsabilidades por la subida de la luz y, en su lugar, se ha dedicado a culpar a los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy. También a la Unión Europea. Sin embargo, lo que calla el Gobierno es que es una directiva europea de 2019 insta a Pedro Sánchez a actuar para proteger a los colectivos más sensibles.

Así lo recoge, en concreto, la ‘Directiva 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad’, consultada por OKDIARIO. En su artículo 5, la directiva insta a los Estados a actuar para proteger a los consumidores.

«Los suministradores podrán determinar libremente el precio al que suministran electricidad a los clientes. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar una competencia efectiva entre suministradores», recoge el texto.

Intervención en los precios

A continuación, Bruselas destaca que: «Los Estados miembros garantizarán la protección de los clientes domésticos en situación de pobreza energética y vulnerables, con arreglo a lo previsto en los artículos 28 y 29, mediante las políticas sociales o por medios distintos de las intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad».

Y prosigue: «Como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables».

«Interés económico general»

Estas intervenciones deberán cumplir ciertos parámetros, que se explican en la misma directiva: «Perseguirán un interés económico general y no irán más allá de lo necesario para lograr dicho interés económico general; estarán claramente definidas y serán transparentes, no discriminatorias y verificables; garantizarán la igualdad de acceso de las empresas eléctricas de la Unión a los clientes; serán limitadas en el tiempo y proporcionadas, en lo que atañe a sus beneficiarios; no conllevarán para los participantes en el mercado costes adicionales que sean discriminatorios».

La directiva insiste en que «los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables». La definición de «cliente vulnerable» puede ser definida con total libertad por los Estados, según criterios como el nivel de renta pero, además, la eficiencia energética de los hogares o la dependencia crítica de equipamientos eléctricos.

Precisamente, la última excusa del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido culpar a la Comisión Europea, destacando su rechazo a reformar el sistema de fijación de precios en los mercados mayoristas. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha criticado este jueves que el sistema no se corresponde con los tiempos que corren y que no es razonable.

La Comisión Europea, como avanzó ABC, ya ha advertido al Ejecutivo de que puede actuar ante la subida imparable de los precios. En una respuesta por escrito a la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, la comisaria de Energía, Kadri Simson, destaca que las empresas «son libres de fijar el precio al que suministran la electricidad a los clientes» pero que «los Estados miembros pueden aplicar algunas salvaguardias, como intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministros de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables».

El silencio de Sánchez

Mientras, Pedro Sánchez guarda silencio. El presidente socialista reapareció este miércoles en un acto en Lanzarote, donde se encuentra pasando sus vacaciones de verano, pero no hizo alusión alguna a la subida histórica del precio de la luz.

En su lugar, sí se refirió a la ola de calor que tiene en alerta a 14 comunidades. Sánchez pidió «prudencia» y reclamó a la ciudadanía «colaboración» para «evitar incendios». Ni una palabra sobre cómo hacerle frente con el precio del aire acondicionado por las nubes.

El precio de la luz se encuentra este verano en máximos históricos, con una media de casi 100 euros por megawatio hora en lo que va del mes de agosto. En esta semana se ha ido superando el mayor precio de la historia desde el lunes hasta llegar a los 115,83 de este jueves.

El Gobierno ha adoptado algunas medidas, pero con pocos efectos prácticos. La rebaja del IVA, por ejemplo, deja fuera al 85% de los hosteleros y sólo estará vigente hasta final de año.