Sánchez impondrá su poder sobre las autonomías para hacer una exhumación masiva de fosas en toda España

Si el primer minimandato de Pedro Sánchez ha estado marcado por el deseo frustrado de exhumar a Franco, el nuevo y aún no estrenado mandato parece llevar camino de lo mismo. Sánchez no sólo mantiene su objetivo de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, sino que además pretende lanzar un plan masivo de exhumación de tumbas del bando republicano por toda España.

Lo quiere hacer a lo largo de los cuatro años de legislatura y de forma coordinada e imperativa en todas las regiones españolas, motivo por el que pretende modificar la ley de Memoria Histórica con un objetivo: dar rango de política de Estado al guerracivilismo y poder ordenar las acciones de exhumación en aquellas comunidades que no muestren gran interés.

Ese es el plan: todo un programa de exhumación de tumbas tan ambicioso que, según los propios socialistas, se tendrá que dilatar a lo largo de cuatro años, es decir, todo el nuevo mandato de Sánchez.

El impulso requiere la aportación de nuevos fondos, sin haberse cuantificado aún su impacto económico

Según el equipo del líder del Ejecutivo socialista, España debe seguir avanzando y dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica y si ello supone cambiarla para blindar los poderes presidenciales de cara a garantizar el logro de las acciones a adoptar, pues se transforma la ley.

Ese impulso incluirá nuevos fondos destinados a este objetivo para relanzar las políticas de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura -punto que aún no se ha cuantificado en materia de impacto económico-.

Reforma de la Ley de 2007

Los socialistas lo argumentan afirmando que se trata de seguir las recomendaciones de las Naciones Unidas, y que, por ello, el Estado debe asumir directamente la gestión de las políticas y actuaciones de “búsqueda de la verdad, justicia y reparación a las víctimas”. Según el equipo presidencial de Pedro Sánchez, el objetivo es claro: que la Memoria Histórica se convierta en una política de Estado y que su aplicación se lleve a cabo de manera efectiva, no dependiendo de la voluntad del gobierno de turno ni de las pegas que puedan poner una u otras comunidades autónomas.

Y eso supone, efectivamente, impulsar una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica de 2007 con el fin de que las nuevas metas de los socialistas sean efectivas y se puedan imponer de forma coordinada en todo el territorio español.

De hecho, los socialistas ya tienen nombre para el nuevo proyecto: pretenden saltar de la Memoria Histórica a la “Memoria Democrática de futuro”.

Los poderes presidenciales abarcarán, de este modo, las siguientes facetas:

1) Impulsar la búsqueda y exhumación de las personas desaparecidas, con la colaboración entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos.

2) Establecer el plan global de exhumación de fosas de carácter cuatrienal.

3) Crear definitivamente un sistema de banco nacional de datos de ADN, así como un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista.

4) Reabrir y potenciar la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, que creó el Gobierno socialista para el cumplimiento de los objetivos contemplados en la Ley de Memoria Histórica.

Y todo ello contará con los debidos fondos y poderes desde Moncloa para sortear cualquier obstáculo y conseguir el gran objetivo de Sánchez: terminar la legislatura con su sueño guerracivilista completo, Franco fuera del Valle de los Caídos y en el cementerio de El Pardo, y el resto de tumbas republicanas exhumadas, identificadas y censadas.