Sánchez exigirá a la CNMV imponer el cumplimiento de la paridad en los consejos de las empresas del Ibex

Los golpes de Pedro Sánchez a las empresas no serán sólo bajo la forma de sablazos fiscales. Al nuevo impuesto mínimo del 15%, al golpe tributario a las eléctricas y al anuncio de un nuevo impuesto sobre el mercado global, Pedro Sánchez quiere sumar una nueva extensión de sus exigencias feministas en las grandes empresas españolas. Por ello exigirá a la CNMV que imponga el cumplimiento de la paridad de género en los consejos de las empresas del Ibex de forma inmediata.

El mantra feminista de los socialistas no dejará de aplicar su rodillo sobre las cotizadas. Y ahora con una exigencia de aplicación inmediata de remodelación en los consejos de administración. Un cambio diseñado para introducir a mujeres en los órganos de Gobierno de las mayores empresas, en base a cupos y no a la selección del mercado.

La explicación a esta decisión figura ya en un documento oficial del PSOE elaborado a raíz del último Congreso Federal recién celebrado por los hombres de Pedro Sánchez. Allí se detalla todo un plan para “actuar sobre la gobernanza y los derechos humanos en el ámbito de las empresas”. Con ese fin, el documento destaca que, “en primer lugar, y partiendo de los propios principios de gobernanza empresarial, el PSOE se compromete a revisar y profundizar en la modernización de los códigos de buena gobernanza corporativa, partiendo de los desarrollados en el marco de la CNMV, para favorecer un buen gobierno de los consejos de administración, reforzando el papel de los comités de ética, remuneraciones y auditoría de los mismos, y ampliando su ámbito de actuación”.

Esa ampliación se extiende al ámbito de la exigencia a la CNMV de vigilancias expresas sobre determinados comportamientos. “Para ello, se propone reforzar la CNMV y sus recursos de forma que puedan realizar de forma más plena su labor”. Y, en este sentido, “el PSOE se compromete a exigir a la CNMV que no retrase más el mandato democrático de conseguir la paridad de los Consejos de Administración de las empresas españolas”.
Tras soltar la bomba de la exigencia inmediata de la paridad de género en los consejos, el propio documento pasa a hablar de diálogo: “Apostamos por abrir un período de diálogo para renovar el código de buen gobierno aprobado en 2015 por la CNMV para ampliar su ámbito de actuación a los criterios ambientales y sociales [dentro de los que iría el reforzamiento en materia de feminismo], estableciendo una referencia no sólo para las sociedades cotizadas, sino para el conjunto de las empresas de más de 250 empleados, sea cual sea su fórmula jurídica y su carácter de empresa cotizada o no, incluso adoptando este marco conceptual al conjunto de las empresas adecuándose a la capacidad derivada del tamaño”, añade el documento.

No es el único ámbito en el que el PSOE quiere extender su control empresarial: “De la misma manera, apostamos por ampliar el alcance de la directiva sobre información no financiera, mejorando su aplicabilidad y permitiendo que incorpore nuevas medidas de cumplimiento normativo, social, ambiental y laboral, estableciendo una metodología clara, específica e inequívoca sobre el cumplimiento de la directiva, de acuerdo con lo establecido en la revisión de la Directiva Europea”.

El PSOE pretende, de este modo, que el “registro y publicidad de dicha información” sea «obligatorio» para todas las empresas por encima de un determinado volumen de negocios, y debe proporcionar un método simplificado para el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de las pequeñas y medianas empresas con el importante peso que tienen en el tejido empresarial español.

En este sentido, esta iniciativa requiere exponer ante la opinión pública información de las compañías respecto a cuestiones medioambientales (efectos actuales y previsibles, uso de la energía renovable y/o no renovable, emisiones de gases de efecto invernadero, salud y seguridad, consumo de agua y contaminación atmosférica) y sociales (igualdad de género, condiciones de trabajo, diálogo con las comunidades locales, medidas para garantizar la protección y desarrollo de estas comunidades), al respeto por los derechos humanos (prevención de las violaciones de los derechos humanos así como medidas para mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos cometidos) y a la lucha contra la corrupción y el soborno (instrumentos para luchar contra los mismos).