Sánchez erradica la mención a la Constitución en el pacto con ERC que admite un referéndum separatista

El acuerdo entre PSOE y ERC, difundido este jueves por ambos partidos, evita cualquier alusión a la Constitución, a la que sustituye por ambiguos eufemismos. Sánchez se pliega así al separatismo y erradica las referencias expresas a la Carta Magna, sustituyéndola en el texto por conceptos como «ordenamiento jurídico democrático» y «marco del sistema jurídico-político», ambiguos e inconcretos.

El pacto, por el que los republicanos se abstendrán en la investidura de Sánchez, recoge la creación de una «mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo» para resolver lo que autodenominan «el conflicto político» en Cataluña. Una alusión que Sánchez asimiló ya en la ‘Declaración de Pedralbes’, firmada con Quim Torra en diciembre del año pasado. Ese concepto, «conflicto político», utilizado también por los batasunos, ha vertebrado las convulsas negociaciones con el separatismo en las últimas semanas.

El documento facilitado por los partidos únicamente recoge dos puntos. De un lado, «el reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo».

«Partimos del reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Catalunya», dicen PSOE y ERC, considerando que «como cualquier conflicto de esta naturaleza, sólo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo».

A continuación, se expone la principal propuesta para abordar ese «conflicto político»: «Una mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo». Un órgano entre Gobiernos, en definitiva, en el que Sánchez acepta que los separatistas planteen el referéndum de autodeterminación.

Esa mesa «partirá del reconocimiento y legitimidad de todas las partes y propuestas», «actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático» y, en ella, «todas las partes aportarán con libertad de contenidos sus propuestas detalladas sobre el futuro de Catalunya. Y se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta».

Estará formada por «el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya» y la representación (delegaciones) se «establecerán de forma paritaria y con los miembros que ambas partes decidan». Se pondrá en marcha en un plazo de quince días desde la formación de Gobierno y establecerá plazos concretos para sus reuniones y para presentar sus conclusiones. También contará con mecanismos de garantía para asegurar «el inicio y mantenimiento de su actividad y el cumplimiento de los acuerdos».

Lenguaje separatista

En estas semanas de negociación, Sánchez ha ido moldeando el lenguaje para adaptarlo al independentismo.

Así, el socialista ha acabando asumiendo en este tiempo, por ejemplo, el propio referéndum ilegal como «legítimas diferencias» entre las formaciones.

El presidente en funciones también se ha hablado públicamente de la «seguridad jurídica»  como marco para los pactos, evitando de nuevo mencionar la Constitución.

Así lo hizo, recientemente desde Bruselas cuando, preguntado por las conversaciones con el separatismo para mantenerse en La Moncloa -en una de las contadas ocasiones en que la prensa ha podido preguntarle en las últimas semanas- afirmó que «el diálogo debe ser el método para resolver conflictos políticos como el que se vive ahora mismo» y añadió que «el marco tiene que ser la seguridad jurídica que emana de las leyes democráticas». Es decir, sin referencia alguna a la Carta Magna.

Esa expresión se recoge expresamente en la ‘Declaración de Pedralbes’, en la que Sánchez y Torra se comprometían a «avanzar en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica». Aquella propuesta contenía ya una consulta a la ciudadanía para validar los acuerdos alcanzados en los órganos de «diálogo».

«Cada una de las partes remitirá las propuestas que considere dando respuesta a la relación que se propone entre Cataluña y el resto de España», se explicaba en el documento, cuyo propósito era «la búsqueda de respuestas políticas que alcancen un amplio apoyo de la sociedad catalana». «La propuesta demorática que resulte del trabajo de los espacios de diálogo deberá articularse mediante las oportunas y posibles modificaciones legislativas», aceptó el dirigente socialista.