Sánchez desprecia con la amnistía los avisos de la UE sobre las rebajas de condena a los golpistas

El Gobierno lleva semanas trabajando en una propuesta de amnistía para satisfacer a los socios separatistas y lograr la investidura de Pedro Sánchez. El propio presidente en funciones ya adelantó esa medida durante una comparecencia en Moncloa, en la que justificó el perdón a los golpistas para «trabajar por la convivencia». «No me corresponde a mí decir si es constitucional o no, sino al Tribunal Constitucional», emplazó incluso Sánchez, insistiendo en que «el diálogo es el método y la Constitución, el marco», sin descartar en ningún momento esta medida, que no está recogida en la Constitución.

La amnistía borraría por completo todas las condenas y sanciones impuestas a cargos públicos y activistas inmersos en las distintas causas vinculadas al referéndum ilegal. Entre ellas, por ejemplo, las penas por malversación. La rebaja de este delito -otra de las cesiones de Sánchez a ERC- ya generó la preocupación de la Comisión Europea. En el reciente informe sobre el Estado de Derecho en España, Bruselas ya recogía que: «La reforma de los delitos relacionados con la corrupción introdujo el delito de enriquecimiento ilícito y la revisión del delito de malversación, incluyendo la rebaja de penas en algunos casos, lo que ha sido criticado por las partes afectadas».

Sánchez rebajó la malversación a espaldas de la UE, que trabaja precisamente en el endurecimiento de los castigos por corrupción. Bruselas prepara una serie de medidas legislativas que implicarán que las condenas por malversación tengan una pena máxima de, al menos, cinco años, exista lucro o no. Es decir, por encima de lo aprobado por Sánchez para plegarse a sus socios.

El Gobierno era y es perfectamente conocedor de esos planes europeos. De hecho, ya en septiembre del año pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió: «Si queremos resultar creíbles cuando pedimos a los países candidatos que refuercen sus democracias, también debemos erradicar la corrupción en casa», y anunció que la Comisión presentaría, en 2023, «medidas para actualizar el marco legislativo de lucha contra la corrupción».

La propuesta de amnistía que ERC y Junts quieren negociar con Sánchez incluye el olvido de un amplio abanico de delitos. Así se recoge en la iniciativa que estos partidos -además de la CUP- registraron hace dos años en el Congreso de los Diputados. El texto no llegó a ser admitido a trámite porque la Mesa de la Cámara -con el voto del PSOE- lo rechazó. Los letrados avisaron que se trataba de una proposición manifiestamente inconstitucional, pues la Carta Magna no recoge la amnistía y prohíbe los indultos generales.

Delitos

Según esta propuesta, que ha venido revelando OKDIARIO, la amnistía afectaría a «todos los actos de intencionalidad política» desde el 1 de enero de 2013, «cualquiera que sea su resultado» y tanto si están «tipificados como delitos o como conductas administrativamente punibles».