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Sánchez declara las manifestaciones feministas del 8M «lugar de Memoria Democrática»

El Gobierno lo justifica en su "poder transformador hacia sociedades más justas e igualitarias"

8M Memoria Democrática
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. (EP)
Rafael Molina

El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado el procedimiento para declarar «lugar de Memoria Democrática» las «manifestaciones feministas del 8M». Así se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el que se reconoce que se trata de una «incoación del procedimiento», es decir, el primer paso para conseguirlo.

La resolución, fechada el pasado 21 de marzo, justifica esta decisión en el «poder transformador hacia sociedades más justas e igualitarias» de las manifestaciones del 8M y por su «carácter democrático y pacífico». La iniciativa parte de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, encabezada por Zoraida Hijosa Valdizán.

La exposición de motivos de esta medida justifica la medida en la existencia de «mareas democráticas y de homenaje» a las mujeres. A juicio del Gobierno, es necesario honrar «la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres» que han llevado a cabo históricamente algunas mujeres.

Y fijan una fecha clave en este tipo de protestas, desde el 8 de marzo de 1978, que consideran que fue el principio de cuando se «fue conquistando derechos». Entre otras acciones, inciden en la legalización del divorcio, la despenalización del aborto, la legalización de anticonceptivos o la libertad y la educación sexual.

Halagos a la Segunda República

Los fundamentos jurídicos de la resolución asegura que «en España, las primeras grandes reivindicaciones feministas arrancan en las primeras décadas del siglo XX». Es entonces cuando fija el nacimiento de asociaciones y colectivos que buscaban «la abolición de la prostitución legalizada, el derecho de las mujeres a desempeñar profesiones liberales, el acceso a cargos oficiales, el derecho al voto, la igualdad salarial o el acceso a los distintos niveles educativos». Y nombra como referentes a Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken, Carmen de Burgos, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal o María Lejarraga.

A ojos del Ejecutivo de Sánchez, estas reivindicaciones se vieron plasmadas «de manera destacada en España durante los años de la Segunda República», es decir, entre 1931 y 1936. Sin embargo, lamenta que «durante el franquismo la mayoría de estas conquistas del movimiento feminista quedaron abolidas y el papel de la mujer en la sociedad quedó relegado al ámbito familiar».

Desde el Gobierno inciden que «por su contribución a las libertades» las manifestaciones del 8 de marzo «merecen la consideración de Lugar de Memoria Democrática en su categoría de patrimonio cultural inmaterial o intangible».

Tal y como exige la ley, se nombra como «valores materiales, históricos intangibles o simbólicos que justifican su declaración» los siguientes: «Por su papel en la defensa de las libertades, su impacto en la construcción de sociedades más justas e igualitarias y su carácter democrático y pacífico, las manifestaciones feministas del 8 de marzo deben ser reconocidas como Lugar de Memoria Democrática en la categoría de patrimonio cultural inmaterial»

Implicaciones de este nombramiento

La resolución recoge que esta declaración «implica la adecuada difusión, e interpretación de lo acaecido en el mismo». Abunda que «se podrá impulsar la adecuada promoción de itinerarios virtuales, de memoria y democrática con el objeto de que puedan ser debidamente conocidos».

Además, «la Administración General del Estado impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo».

Por otro lado, se solicitarán una serie de informes a varias instituciones que colaboran con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres. Se encargarán de redactar estos escritos el Instituto de las Mujeres; el Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III; nstituto Universitario en Género y Diversidad de la (IUGENDIV) de la Universidad de Oviedo y el Instituto de España de la Real Academia de la Historia.

En los últimos años, la polémica con estas marchas se desató cuando se mantuvo su celebración en 2020 a pesar de que ya habían empezado a conocerse que había casos de Covid en España. Tal y como publicó entonces OKDIARIO, tras esas manifestaciones, hubo entre 8.900 y 12.300 contagios confirmados, según la cifra oficiales que se hicieron públicas del 20 de marzo al 23 de marzo.

En aquellas marchas, ministras y ex ministras del Gobierno usaron guantes de látex. Así se podía observar en varias fotos que se tomaron durante la movilización que el Ejecutivo socialista decidió no cancelar a pesar del aumento de contagios desde el pasado viernes en Madrid y el resto de España. Entre ellas estaba Isabel Celaá, entonces ministra de Educación o Magdalena Valerio, ex ministra de Trabajo.

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