Sánchez compró los test fake sin concurso porque la alerta se disparó “el 30 de enero” pero permitió el 8-M

Las incongruencias y mentiras del Gobierno empiezan a contarse por millares: la memoria justificativa de la “contratación de emergencia con Interpharma” de los polémicos test fake inservibles por los que se comprometieron 17,1 millones de euros recoge toda una autoacusación del propio gabinete de Pedro Sánchez.

Ese documento plasma la argumentación del Ejecutivo de que se contrató sin acudir al concurso porque “el pasado 30 de enero” se había activado ya la alerta debido al aviso de la OMS de “una emergencia de salud pública de importancia internacional”. Pero, ese mismo Gobierno ha asegurado públicamente que permitió el 8-M porque la gravedad no era tal.

Ese mecanismo de emergencia permitió sortear los requisitos generales de concurrencia y transparencia que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La propia ley señala que, en caso de emergencia, se aplicará el “artículo 120”. Y allí se destaca que “cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:

«El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria”.

Es decir, que todos los requisitos de control previos se eliminan por la situación de emergencia generada por el coronavirus.. Eso sí, generada desde el 30 de enero. Y no desde el 9-M, fecha en la que el Gobierno empezó a aplicar medidas medianamente serias en materia de control de contagios.

Gracias a ese mecanismo el Ministerio de Sanidad firmó un contrato de 17,1 millones de euros con la empresa Interpharma para adquirir los famosos test ‘fake’ de la empresa china Bioeasy Biotechnology. Y lo hizo sin controles previos. Fueron en total 659.000 test los comprados: todos ellos inservibles.

Pero, al margen del escándalo de que fueran ‘fake’, lo cierto es que ni siquiera su precio tiene justificación: cada test sale a un coste de 26 euros, cuando lo cierto es que en el mercado es posible comprar hoy mismo a un precio casi tres veces inferior: laboratorios internacionales de pleno prestigio los ofrecen a 10 dólares. Y con garantía de que no son ‘fake’, ni mucho menos.