Sánchez activa el mayor plan de propaganda en 46 años de democracia: 440 millones

Pedro Sánchez pone en marcha el mayor plan de propaganda institucional de la historia. El Ejecutivo ha adjudicado el acuerdo marco para «la prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional». El importe previsto es de 440 millones, muy superior al de los anteriores acuerdos. En 2014, por ejemplo, fue de 77 millones, igual que cuatro años después. El último, en 2020 -en plena pandemia- ascendió a 112 millones.

El Gobierno aprobó este plan en mayo pasado en un Consejo de Ministros extraordinario, justo el mismo día en que Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales. El pasado 29 de diciembre, en plenas fechas navideñas, el Ejecutivo cerró el megacontrato, que se reparte en varias adjudicaciones.

El acuerdo está dividido en dos lotes, según se trate de servicios que incluyan o no la difusión en televisión. Su duración prevista es de dos años, prorrogable otros dos. Su objetivo, como se enuncia en la memoria justificativa, es «la prestación de los servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios, para la materialización de las campañas de publicidad institucional, promovidos en el ámbito de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales».

El Ministerio de Hacienda, responsable de la compra, argumenta que «las necesidades administrativas a satisfacer con el acuerdo marco son la optimización de la contratación de los servicios necesarios para la compra de espacios en los distintos medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional, que incluyen, además de la propia compra, la estrategia y planificación de la misma, la adaptación de la creatividad existente para su difusión, la realización, en su caso, de acciones que potencien los objetivos que persiguen las campañas publicitarias, el asesoramiento técnico, el seguimiento y el control de las campañas, así como la realización de una memoria detallada a la finalización de cada campaña y la puesta a disposición de la Administración de los informes técnicos y de análisis que se hayan realizado».

Señala, asimismo, que la Administración «no dispone de personal cualificado en la materia ni de los medios técnicos necesarios para la realización de los servicios que constituyen el objeto del acuerdo marco, por lo que es necesario que la prestación se realice por medios ajenos a la misma».

Gasto en propaganda

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido criticado por su ingente gasto en propaganda. Desde la llegada del socialista a La Moncloa, la partida para la difusión de sus mensajes se ha disparado, superando con creces las cifras anteriores. El Plan de Comunicación Institucional de 2023, por ejemplo, preveía un gasto total de 145.985.970 millones para 193 campañas de publicidad.

Entre las campañas más costosas del Gobierno se encuentra de «sensibilización fiscal e información y asistencia a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales», por importe 9 millones. Su objetivo es «sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones fiscales, así como facilitar el cumplimiento voluntario de las mismas y el pago de impuestos».

También llamativa es la campaña promovida por el Ministerio de Igualdad para «la puesta en valor de las sociedades diversas». El coste previsto fue de 6.638.780 euros y su fin, «concienciar acerca de la necesidad de desarrollar políticas públicas a favor de la igualdad y poner en valor la riqueza de una sociedad diversa e incluyente».

El Gobierno de Sánchez gastó, además, cinco millones en difundir su propaganda sobre pensiones; otros 4,5 millones en publicitar el llamado «bono cultural joven» -el cheque de 400 euros para que los jóvenes en edad de votar compren productos y servicios culturales-; 4 millones en divulgar los «beneficios de la transición energética» y 2,8 en «concienciar en materia de corresponsabilidad entre mujeres y hombres para el reparto efectivo del trabajo de cuidados».