Puigdemont quiere reabrir las embajadas de la mano de Colau y Armengol

El ex presidente catalán, Carles Puigdemont, planea no solo recuperar las embajadas suprimidas por el artículo 155, sino reforzarlas.

Y en esa hoja de ruta adquiere un especial protagonismo el instituto Ramón Llull, consorcio integrado por la Generalitat, el Gobierno balear y el Ayuntamiento de Barcelona, para la proyección exterior de la lengua, cultura y pensamiento de Cataluña y que, según los planes de Puigdemont, centraría buena parte de la estrategia de difusión internacional del nuevo gobierno independentista.

El dirigente de Junts per Catalunya planea «impulsar los intercambios culturales con el exterior para proyectar nuestra cultura al mundo», utilizando «la red de oficinas que la Generalitat tiene en el exterior, y haciendo que además de embajadas económicas y comerciales, sean también embajadas culturales». Imprescindibles, según el independentismo, para ampliar la presencia internacional y para reactivar su maquinaria propagandística.

El trabajo exterior del gobierno independentista ha estado en el punto de mira del Ejecutivo y su desmantelamiento fue una de las primeras decisiones tras activar la aplicación del 155 en Cataluña. Desde entonces, se ha procedido a liquidar el Diplocat- el servicio exterior de la Generalitat de la red de embajadas catalanas-se han cerrado once centros del servicio de «diplomacia» exterior de la Generalitat, se han rescindido los contratos a una treintena de trabajadores y anulado los alquileres de las oficinas. En algunas de ellas-Londres, Berlín, Nueva York o París-tiene su sede el Ramón Llull.

La labor internacional del citado instituto es intensa, no solo en el ámbito cultural. Entre los convenios suscritos el pasado año por la Generalitat figura el firmado con Acció, el servicio de promoción económica, y Ramón Llull para la realización de «actividades culturales y empresariales en el ámbito internacional».

La intención de Puigdemont es reforzar la colaboración, tanto con la alcaldesa de Barcelona, como con la presidenta balear, Francina Armengol (PSOE), que quedó suscrita a través de la denominada Declaración de Palma, en 2016.

Aquella firma significó el reingreso de Baleares en el instituto y, en consecuencia, un refuerzo a la relación bilateral con la Generalitat independentista. En el acto, la propia Armengol apreció que ambas comunidades comparten «misma lengua y muchos de los rasgos culturales e históricos», por lo que veía necesario «estrechar los poderosos vínculos entre hermanos que nunca deberían haber roto «.

La presidenta balear generó algunas polémicas en relación al procés, como cuando aseguró que con la detención de varios altos cargos de la consellería de Economía por su presunta vinculación con el referéndum ilegal, se había cruzado «una línea roja». Armengol criticó entonces la «falta de diálogo» del Gobierno de Mariano Rajoy que, en su consideración, había conducido a «una mayor ruptura social».

27 millones para el ‘procés’

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores considera que la extinción de la red exterior de la Generalitat estará totalmente resuelta antes del 15 de abril.

Fuentes oficiales han explicado que no ha sido una tarea fácil, ya que ha habido una «resistencia importante de los cargos», pero que con «mucho trabajo y mucha labor de pedagogía» se va a lograr cumplir con el plazo de cuatro meses dados por el Gobierno.

Queda abierta la oficina de Bruselas que da trabajo a 35 personas y tiene alquiladas tres plantas de un edificio en el centro de la ciudad y 9 plazas de garaje, todo ello por un precio de unos 900.000 euros anuales.

Además, queda por resolver un ERE que afecta a 12 delegados -de las 11 oficinas, más el delegado en la oficina de Bruselas, única que queda activa-, 34 personas que trabajaban en las oficinas y 18 trabajadores de Diplocat.

La delegación en Bruselas es la única que no se ha cerrado por considerar que se dedica principalmente a potenciar y defender las relaciones comerciales de Cataluña, lo que entra dentro de las competencias de las comunidades autónomas.

La supervisión de las cuentas de la Generalitat han puesto de manifiesto que la Consejería de Asuntos Institucionales, Exteriores y de Transparencia que lideraba Raul Romeva tenía un presupuesto anual de más de 62 millones de euros, 35 de los cuales eran gastos corrientes justificados (nóminas, etc.).

Los otros 27 millones estaban dedicados a sufragar actividades para difundir el proceso independentista catalán con conferencias, viajes, foros, campañas de publicidad e información, etcétera.