El PSOE ofrece asesoría jurídica gratis a los ‘nietos del exilio’ para que recurran al Constitucional

El Partido Socialista ofrece asistencia jurídica y representación procesal gratuita a los nacionalizados por la Ley de Nietos afectados por la suspensión cautelar del derecho a voto decidida por el Tribunal Supremo.

El partido de Pedro Sánchez entra así de lleno en la batalla institucional y ofrece servicios gratis para animar a recurrir ante el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido.

El PSOE de Uruguay ha habilitado un formulario -«registro de interés»- para «identificar a las personas afectadas, conocer su situación y evaluar, con asistencia jurídica, una eventual personación en el procedimiento actualmente tramitado ante el Tribunal Supremo y, si jurídicamente correspondiera, posibles actuaciones posteriores para defender el derecho de sufragio, incluido un eventual recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional».

Los interesados deben facilitar sus datos al partido e informar igualmente «si estaría interesado en participar en el procedimiento ante el Tribunal Supremo y si estaría dispuesto a participar en un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional». El partido ofrece «asistencia jurídica y representación procesal sin costo para las personas interesadas».

El Constitucional ya tiene encima de la mesa el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, sobre el que decidirá esta semana su admisión o inadmisión. El amparo sostiene que «el vínculo entre ser español y el voto es indisoluble» y «resulta, desde una perspectiva de derechos fundamentales, harto problemática la posibilidad de privar, temporal o definitivamente, de este derecho fundamental», por lo que se solicita al Constitucional que levante la suspensión decretada por el Supremo.

El Gobierno confía en que el Constitucional deje sin efecto la suspensión cautelar que impide votar a los nacionalizados por la Ley de Nietos que no tengan acreditada la condición de exiliados de sus antepasados.

Según la resolución del Supremo, «no regirá la suspensión» en el caso de que los encargados de los consulados «expidan bajo su responsabilidad» la certificación que acredite que, a fecha 1 de agosto de 2026, -el censo válido para las elecciones del 29 de noviembre-, las personas que lograron la nacionalidad hubieran acreditado documentalmente ser descendientes de exiliados «por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual», como establecía la llamada Ley de Memoria Democrática.

Cabe recordar que la instrucción posterior, firmada por Sofía Puente —entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia—, no exigía acreditar el exilio a los descendientes de aquellos emigrantes que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Sobre ellos, según Puente, se presumiría la condición de exiliado. Esto, como reveló OKDIARIO, abrió la puerta a la nacionalización masiva de descendientes de emigrantes de todo tipo, incluso del siglo XIX.

«Siguen en el censo»

La cuestión ahora es discernir, con los plazos acortados, aquellos nacionalizados que sí acreditaron el exilio y los que no. La Oficina del Censo Electoral no ha recibido a día de hoy ninguna documentación por parte de los consulados, según confirman a OKDIARIO. Es decir, no se dispone aún de información alguna sobre quiénes son los afectados por la suspensión del Supremo y cuáles han acreditado que son descendientes de exiliados. La Oficina del Censo confirma que los más de 163.000 nacionalizados que tienen suspendido el derecho a voto «siguen figurando en el censo».

Por su parte, la Junta Electoral Central enviará la documentación electoral del 29-N a todos los inscritos en el CERA, con la advertencia de que no todos podrán ejercer el derecho a voto. Para votar desde el extranjero ya no es necesario presentar solicitud previa, como ocurría con el llamado voto rogado, sino que las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral se encargan de remitir toda la documentación electoral a los inscritos en el CERA. Para esta convocatoria, los primeros envíos de documentación se realizarán entre el 24 y el 30 de octubre y ya en noviembre se les enviarán las papeletas.

Los consulados ya advirtieron que sería imposible disponer a tiempo de un listado actualizado de quién puede votar. En el caso de que no se disponga, se abre la puerta a la impugnación de los resultados electorales.