El PSOE mantiene penas más bajas para los pederastas por sus «circunstancias personales»

El PSOE ha sacado adelante, gracias al Partido Popular, la reforma de la ley del sólo sí es sí, que ha provocado ya la rebaja de pena de 979 agresores sexuales y 104 excarcelaciones. Los socialistas han aceptado varias enmiendas del PP, pero han evitado suprimir el artículo que permite imponer una pena más baja a los agresores sexuales de menores atendiendo a sus «circunstancias personales».

Los populares pedían, en una de sus enmiendas, que se eliminase esa opción, que permite «imponer la pena de prisión inferior en grado» en el caso de las agresiones sexuales a menores de 16 años «en atención a la menor entidad del hecho y valorando todas las circunstancias concurrentes, incluyendo las circunstancias personales del culpable». Esta reducción no es posible en el caso de que medie violencia o intimidación o el acto se realice sobre una víctima que tenga anulada su voluntad.

La ley del sólo sí es sí y la reforma de los socialistas castiga los delitos sexuales sobre menores con la pena de prisión de dos a seis años. Esta pena se eleva de cinco a 10 años en el caso de que el delito se lleve a cabo empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, o que los actos se ejecuten sobre personas privadas de sentido, o si la víctima tiene anulada su voluntad. Pero ambos textos recogen un subtipo atenuado, que permite al juez rebajar las penas atendiendo a la «menor entidad del hecho» y las «circunstancias personales» del autor. En estos casos, el juez podrá imponer la pena «inferior en grado».

El PP solicitaba que se suprimiese ese punto alertando de que «estas conductas, por realizarse entre un adulto y un niño, nunca pueden ser calificadas como de menor entidad». Finalmente, el texto se mantendrá tal cual.

«Desproporcionadas»

En la circular remitida a los fiscales, la Fiscalía General del Estado señala que «esta modalidad atenuada ofrece una vía a través de la que adecuar la magnitud de la pena a las circunstancias del caso concreto».

Así, estima que «constituye una previsión legal orientada a una mejor individualización penológica en atención a las singulares circunstancias del caso concreto, tratando de evitar la imposición de penas que pudieran llegar a ser consideradas desproporcionadas». Según la Fiscalía, «deben entenderse de menor entidad las conductas que presentan un menor potencial lesivo para la libertad sexual de la víctima», en las que enmarca, por ejemplo, «los tocamientos sorpresivos».

Con respecto a las «circunstancias personales del autor» que habrían de valorarse con vistas a imponer una pena atenuada enumera, por ejemplo, «el entorno social e individual del responsable del delito, sus antecedentes, adicciones, edad, grado de formación, madurez psicológica, entorno familiar, comportamiento posterior a los hechos delictivos y posibilidades de integración en sociedad».

Además, se pide valorar «todas las circunstancias concurrentes», considerando «el lugar donde se comete la agresión, considerando más graves las agresiones que se verifican en el domicilio de la víctima, centro docente o, en general, en aquellos que frecuente por ser en los que desarrolla su vida privada, profesional o escolar; los concretos medios comisivos empleados en la ejecución; la edad de la víctima; la previsible afectación para su desarrollo o las secuelas que el hecho previsiblemente pueda ocasionar».

Reforma

La reforma del sólo sí es sí ha confirmado la ruptura entre los socios de la coalición. Pedro Sánchez, que se ha mantenido de perfil durante toda la crisis, ni siquiera ha acudido al Congreso y tampoco ha votado. La ministra de Igualdad, Irene Montero, que queda absolutamente desautorizada con la rectificación de la ley ha señalado que «es un grave retroceso» para los «derechos de las mujeres».

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha sido muy crítica y ha acusado al PSOE de acometer la reforma «para frenar una sangría electoral». Gamarra ha abroncado al Gobierno por tardar casi siete meses en rectificar lo que ha tachado como «el mayor escándalo de la democracia» y ha exigido «responsabilidades políticas» a Sánchez. La reforma, en cualquier caso, no evitará que las revisiones de condenas a los ya encarcelados sigan produciéndose y, con ello, nuevas rebajas y excarcelaciones.