España
INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

El PSOE exige a Junts cerrar el acuerdo antes del 4-N para contar con 20 días para «vender el relato»

Los socialistas quieren contar con margen de tiempo suficiente para colocar en la sociedad un mensaje con el que justificar la amnistía

  • Joan Guirado
  • Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.

El PSOE tiene prisa para cerrar el acuerdo con Junts per Catalunya que permita investir a Pedro Sánchez antes del 27 de noviembre. Por eso, desde las filas socialistas se ha trasladado a los de Carles Puigdemont que la fecha límite para culminar la negociación es el 4 de noviembre. La razón estriba en que en el PSOE quieren contar con al menos 20 días para «vender el relato», una tarea que se presume tan compleja como espinosa. De este modo, se ha trasladado a JXCat que en esa fecha vence la oferta de la amnistía -junto a otras muchas contraprestaciones- a cambio de sus votos, un proceso que, por otro lado, avanza de forma positiva para los intereses de Sánchez, según ha sabido OKDIARIO.

La fecha elegida por Sánchez, 22 días antes de que deba empezar el debate de investidura, no resulta por tanto casual. Los socialistas quieren un margen de al menos veinte días para intentar trasladar el mensaje a la sociedad, no especialmente receptiva ante la idea misma de la amnistía. En Ferraz son conscientes de que la ley, que dejará sin efectos el golpe que se produjo en Cataluña en 2017, será «de muy mal digerir» para algunos. Y no sólo para Emiliano García-Page, Javier Lambán o Felipe González. También para diputados y cargos de la dirección en activo que en su momento defendieron que era inconstitucional.

Tras la reunión de la comisión negociadora con Pedro Sánchez a la cabeza del pasado martes, el PSOE ha pisado el acelerador para cerrar todos los acuerdos cuanto antes -con el de Sumar, que serán socios en el Gobierno de coalición, en primer término antes del 31 de octubre-. A diferencia de lo que ocurrió en 2019, cuando primero se cerraron acuerdos con el resto de formaciones antes que con Podemos, los socialistas han cambiado de estrategia. Y quieren tenerlo todo cerrado con su principal apoyo antes que con los pequeños.

De Sánchez a Puigdemont

Desde el PSOE se preveía hacer un gesto de deshielo con Carles Puigdemont, bien mediante una llamada de Sánchez -como hizo con Oriol Junqueras- o una visita pública con foto de Santos Cerdán a Bélgica, pero se decidió aplazar ese acercamiento tras la reunión mantenida el pasado viernes con la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. 

El presidente del Gobierno en funciones ha dado orden de reducir su agenda internacional para «centrarse en las negociaciones». Todos los negociadores, con tareas muy bien definidas cada uno de ellos, reportan a él. Y el líder del PSOE, con excepción del viaje que realizará a Egipto este sábado para tratar el ataque de Hamás sobre el pueblo de Israel junto a otros dirigentes internacionales, quiere conocer el detalle de todo.

Por eso, comentan en su entorno, «no se moverá mucho de Moncloa hasta que se cierre todo». Como mucho, explican, protagonizará algún acto para vender los avances sociales de su Ejecutivo «por si hay repetición de elecciones». Pero no muy lejos de Madrid. Sin grandes mítines como los que ha protagonizado en las últimas semanas en Andalucía y Extremadura para convencer al PSOE de la necesidad de la amnistía.

Donde sí realizará un gran acto, con fecha aún por determinar, será en Barcelona, más adelante en el tiempo. Será para detallar, precisamente, esa concesión al separatismo. Para hacer suya la amnistía y transmitir a la sociedad catalana los beneficios que, esgrimen ahora, tiene para la convivencia en Cataluña. Sus colaboradores explican a OKDIARIO que será «algo así como la conferencia que dio en el Liceu cuando los indultos».

El calendario del PSOE con Junts

El acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya será de los últimos en darse a conocer. Aunque, tal como exigen los socialistas, éste quede cerrado antes del 4 de noviembre. A finales de este mes de octubre, si nada se tercia, Sánchez debería sellar la coalición con Yolanda Díaz. Y a partir de ahí desencadenarse el resto de acuerdos: con ERC, Junts, el PNV y el BNG. Bildu ya dejó claro, tras la reunión de Sánchez con Mertxe Aizpurúa el pasado viernes, que votarían a favor.

El pacto con Junts, el que incluirá los detalles de la amnistía, es el más difícil de digerir para los socialistas. El que más sapos obligará a tragar a Sánchez y más cambios de opinión -o incumplimientos de palabra- del presidente en funciones evidenciará ante la opinión pública. De ahí que los socialistas necesiten un tiempo prudencial hasta la fecha de la investidura, que tal como explicó este periódico planean para el 26 de noviembre para que salga en primera vuelta el día límite para la disolución de las Cortes, para que los dirigentes y sus terminales mediáticas hagan calar el mensaje.

Debate interno

El pacto entre el PSOE y Junts está generando mucho debate interno dentro de los dos partidos. En el caso de los socialistas Pedro Sánchez lo tiene prácticamente todo ganado. No se espera ninguna voz crítica más de las que ya se han expresado. De hecho ha dado orden expresa de callar. De que nadie hable. Hermetismo total, sin entrevistas apenas entre sus ministros y dirigentes, para no descarrilar un acuerdo muy complicado.

En Junts, sin embargo, sí hay más movimientos. Los pragmáticos -entre los que se encuentra ahora un cambiante Carles Puigdemont- defienden el acuerdo con Sánchez. Los octubristas, por su defensa de la vigencia del 1 de octubre y bajo el liderazgo de la pluri imputada Laura Borràs, defienden no pactar nada como han hecho siempre e ir a una repetición electoral. Aún a riesgo de perder algún representante en las Cortes.

La militancia de Junts, tan imprevisible como sus líderes, deberán refrendar en una consulta interna el acuerdo con el PSOE. Por lo que, pese a todo lo que están negociando ahora, aún puede decaer en el último minuto. De hecho las bases obligaron a los consellers a salir del Govern de Aragonés cuando gran parte de la dirección defendía lo contrario.