El PSOE enchufa con un sueldo de 95.232 € a la alcaldesa inhabilitada por quebrar una empresa pública

Natalia de Andrés, ex alcaldesa de Alcorcón condenada a la inhabilitación por quebrar la empresa municipal de vivienda del Ayuntamiento, ha sido elegida secretaria general adjunta de la Federación Madrileña de Municipios (FMM), cargo por el que se embolsará 95.232 euros públicos anuales. Su nombramiento ha sido apoyado por el PSOE y por el PP, que tiene mayoría absoluta en este organismo.

Natalia de Andrés ha encontrado un retiro dorado en la institución que tiene como objetivo la representación y defensa de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Este organismo, que además cuenta con financiación europea, gasta anualmente 901.017 euros en sueldos para sus integrantes, según se desprende del presupuesto para el ejercicio de 2023 y de la liquidación del presupuesto de 2022 de la FMM. Precisamente, la retribución más acaudalada es la del secretario general, cargo que ocupa como adjunta la ex alcaldesa del PSOE, que está inhabilitada por la Justicia para administrar bienes ajenos de titularidad pública.

La socialista fue nombrada secretaria general adjunta en el XI Pleno de la FMM que tuvo lugar el pasado 28 de noviembre. Desde entonces, la ex regidora está cobrando un sueldo público al que ha accedido con el beneplácito de la junta directiva que ha apoyado su nombramiento. Su cargo es el segundo escalafón del organigrama de la federación que preside la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet.

El alto cargo en la Federación Madrileña de Municipios también lo compagina con la secretaría general de la Agrupación Socialista de Alcorcón. Así, Natalia de Andrés sigue controlando el feudo socialista del cinturón rojo del sur de Madrid. La ex alcaldesa inhabilitada es la mano derecha de la actual regidora de Alcorcón, Candelaria Testa, a la que dejó el liderazgo de las listas tras el fallo condenatorio de los tribunales.

La condena de Natalia de Andrés

Natalia de Andrés fue condenada por los tribunales por quebrar Emgiasa, la empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Alcorcón que presidía entonces Enrique Cascallana. Lo hizo cuando era edil de Urbanismo del Consistorio y también formaba parte del consejo de administración de la empresa que dejó en concurso de acreedores.

El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid falló una inhabilitación de cinco años para administrar -por sí o dentro de órgano colegiado- bienes ajenos de titularidad pública o privada, representar o administrar a cualquier persona pública o privada, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales, de forma y titularidad pública o privada. Sin embargo, ha encontrado acomodo en la Federación Madrileña de Municipios.

El tribunal dio por válida la acusación de la Fiscalía, que entendía que la situación de quiebra que alcanzó la empresa fue consecuencia directa de una gestión «negligente» por una «conducta dolosa» que «agravó la situación de insolvencia». En concreto, el Fiscal se apoyaba en dos actuaciones, en las que la dirigente socialista votó a favor. La primera fue la decisión de repartir dividendos (16,1 millones) y el traspaso a reservas voluntarias del beneficio registrado de 19,4 millones, a sabiendas de que el consejo de administración debía hacer frente a los pagos (114 millones de euros) de la construcción del Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA). Y la segunda, fueron las relaciones comerciales que Emgiasa mantuvo con Gesmansur en las que «no estaban amparadas en una contratación administrativa válida, pues se prescindió total y absolutamente de los trámites administrativos legalmente previstos».

La ex alcaldesa del PSOE recurrió esta sentencia a instancias superiores, pero fracasó el intento. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la inhabilitación de cinco años para administrar bienes ajenos, aunque dejó sin efecto la condena en materia de responsabilidad concursal. De este modo, la ex alcaldesa socialista no tenía que hacer frente al 10% de déficit que le pedía el tribunal.

Esta no es la primera condena que tiene Natalia de Andrés. En 2019 fue condenada a pagar 3.000 euros a dos empresarios por vulneración ilegítima del derecho al honor en un artículo publicado en la web del Grupo Municipal Socialista en octubre de 2017 y, años antes, en 2009, fue condenada a una multa de 1.200 euros por injurias hacia el entonces presiente del PP de Alcorcón, Fernando Díaz.