El PP al PSOE: «No habrá pacto del Poder Judicial sin cambio previo de la ley para anular la politización»

El PP no aceptará la oferta envenenada del PSOE. La respuesta ya ha sido trasladada desde Génova con destino a Ferraz. El acuerdo alcanzado hace una semana en el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo “lo ha sido porque es la Constitución la que exige esa fórmula de designación de los cargos”. Pero no es así en el caso del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por eso, la condición previa del PP para llegar a un acuerdo con los socialistas se mantiene y no se levantará, según fuentes populares.

Es la propia Constitución la que reclama que sean los jueces los que nombren a los jueces en el Poder Judicial y, por lo tanto, sólo habrá pacto si el PSOE acepta previamente el cambio de la ley para devolverla a la redacción original de la Carta Magna.

La renovación del máximo órgano de los jueces ha quedado fuera de las negociaciones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Y ha sido excluida con toda la intención por parte de Génova. Los populares no cederán en su propuesta, la misma que avalan la propia Unión Europea y el Consejo de Europa y exigen las organizaciones judiciales. Es decir, que, o son los jueces los que eligen a los jueces, o no habrá acuerdo en el Poder Judicial.

El PP defiende su postura con varios argumentos. El primero, que es la propia Constitución la que marca un sistema distinto de designación de cargos entre el TC y el CGPJ. Efectivamente, el artículo 159 de la Carta Magna señala que “el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial”.

Y, mientras, la misma Constitución detalla que los 20 vocales del Poder Judicial deben designarse, «12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

Es decir, que la mayoría corresponde a los propios jueces, cosa que no se cumple con la ley actual. Pero el PP da más argumentos para negarse al pacto con el PSOE en el Poder Judicial. Para empezar, que han sido múltiples las advertencias de la Unión Europea sobre la politización del sistema de elección que defiende el PSOE. Bruselas reclama que al menos la mitad de esos miembros sean elegidos por los propios jueces, de acuerdo a los estándares europeos.

En abril, el comisario de Justicia, Didier Reynders, avisó con claridad al Gobierno español de que cualquier reforma del Poder Judicial debía suponer que la mitad de los miembros sea elegida por los jueces, cumpliendo con los estándares europeos. “Es lo que defendemos en todos los Estados miembros”, señaló.

Recientemente, además, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, lamentó la “falta de un avance positivo” y “tangible” respecto al sistema de elección del CGPJ, e instó a España a acometer una reforma dando voz a sus miembros. El organismo europeo destacó “una cuestión crítica: el sistema de selección del CGPJ y su percepción de politización” y admitió que “esto es motivo de preocupación, ya que el CGPJ es responsable de algunas decisiones cruciales en el poder judicial, incluida la designación de jueces en puestos superiores y las cuestiones disciplinarias”. En el PP no descartan un acuerdo, pero siempre que, previamente, se respeten los estándares europeos.

De ese modo, el pacto se ha limitado hasta ahora a renovar el Tribunal Constitucional, con cuatro nuevos magistrados: el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Arnaldo y la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Concepción Espejel (a propuesta del PP), y el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez Valcárcel y la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Inmaculada Montalbán (a propuesta del PSOE).

Además, el Defensor del Pueblo será el ex líder del PSOE en Madrid, Ángel Gabilondo, que dimitió por los malos resultados del 4-M. Su adjunta será la diputada del PP Teresa Jiménez-Becerril.