El PP intenta anular la reforma ‘Txapote’ en el Constitucional tras aprobarla «por error» en el Congreso

El Grupo Popular en el Senado ha confirmado este sábado, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la ley que beneficia a presos de ETA, conocida como la ‘reforma Txapote’, su intención de promover la presentación de un conflicto de atribuciones contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional.

Pese a que la ley ya se ha publicado, los populares llevarán al Pleno del Senado un nuevo requerimiento a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que la someta de nuevo a votación en el Pleno de la Cámara Baja, en lo que será el paso previo a la presentación de ese conflicto de atribuciones.

La ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea fue inicialmente aprobada por unanimidad en el Congreso por error en la votación de PP y Vox. Sólo en su última fase parlamentaria en el Senado, tras una denuncia de la AVT quejándose de que la convalidación de penas también afectaba a presos de ETA, perdió el apoyo de estas formaciones políticas y fue rechazada por el Pleno de la Cámara Alta el pasado lunes.

Además, el Grupo Popular en el Congreso tiene presentado un recurso de reconsideración contra la decisión de la Mesa de la Cámara Baja de desoír la interpretación del Senado y dar por aprobada la polémica ley.

En ese escrito, que llegará al órgano de Gobierno del Congreso el próximo martes, el PP insiste en que el ley debe someterse de nuevo a votación en el Pleno de la Cámara. Si, como es previsible, PSOE y Sumar tumban ese recurso haciendo valer su mayoría en la Mesa, el PP tendrá vía libre para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Entrará en vigor en 20 días

La ley, que se ha publicado este sábado en el BOE y entrará en vigor dentro de 20 días, no ha hecho cambiar de opinión a los populares en el Senado y están decididos a defender las competencias de la Cámara Alta.

«Llegaremos hasta el final en la defensa de los derechos de los españoles y la dignidad de las víctimas del terrorismo», dicen fuentes populares. El grupo también ha señalado que «las prisas del Gobierno por atender las demandas de Bildu, aunque eso suponga beneficiar a presos de ETA y enfrentar a instituciones del Estado, sólo demuestran su nerviosismo para satisfacer a sus socios. Frente a ello, defenderemos al Estado de Derecho», han añadido.

No es la primera vez que el PP con su mayoría absoluta en el Senado, plantean un conflicto de competencias con el Congreso, ya que hace unos meses aprobaron este choque institucional inédito entre las dos Cámaras por la Ley de Amnistía, aunque ellos mismos lo dejaron sin efecto y no llegaron a llevarlo al Constitucional.

Beneficiará a 44 etarras

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado que 44 etarras podrán descontar las penas que han cumplido en Francia debido a la ley «Txapote». Además, según un informe realizado por esta asociación presidida por Maite Araluce, siete condenados de la banda terrorista ETA podrían salir de prisión a partir del 8 de noviembre, cuando entrará en vigor la norma.

Entre ellos hay dos terroristas condenados por crímenes de sangre. Se trata de Juan Ramón Casatorre, alias Zapata, quien asesinó al exdiputado autonómico vasco del PP Gregorio Ordóñez, al militar Mariano de Juan y al inspector jefe de la Policía Nacional Enrique Viyella; y por otro lado, el terrorista Félix Alberto López de Lacalle, conocido como Mobutu, quien mató a los guardias civiles Avelino Palma, Ángel Prado y José Luis Vázquez.

Con todo, desde el colectivo de víctimas se muestran resignados: «Tarde o temprano, se cumplirá la hoja de ruta bilduetarra de vaciar las cárceles, y los señores Sánchez y Marlaska podrán presumir toda su vida de ser unas figuras de culto para los etarras».