El PP acusa a Page de prohibir un debate sobre la Ley de Amnistía tras considerar recurrirla

El Partido Popular ha acusado este lunes al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de haber rechazado debatir la amnistía en las cortes regionales después de anunciar que consideraría recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Así lo ha manifestado la portavoz parlamentaria y secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, quien ha dicho que «prohibición tras prohibición y escándalo tras escándalo”, el PSOE de Page, de nuevo, se ha negado y ha prohibido calificar, en la Junta de Portavoces, un debate sobre la amnistía, y más concretamente sobre el recurso de inconstitucionalidad a dicha ley que el propio Page anunció el Día de la Región.

Carolina Agudo ha indicado que la amnistía, que el propio Page ha calificado de «agresión al concepto de igualdad», ha sido aprobada por sus 8 diputados en el Congreso. Una ley que, en palabras de Agudo, ataca al principio de igualdad del que habla el artículo 14 de la Constitución, así como al Estatuto de Autonomía de la región cuando señala que «la Junta de Comunidades es la institución en la que se organiza política y jurídicamente el autogobierno de la región, dentro de la indisoluble unidad de España patria común e indivisible de todos los españoles».

Sobre esta incongruencia ha puesto el foco Carolina Agudo ya que Page habla del recurso de inconstitucionalidad como una competencia regional en los medios de comunicación y, a la vez, él mismo dice en las Cortes que no es una competencia de la región, por lo que ha pedido al dirigente socialista que deje de «hacer anuncios para ganar votos en plena campaña», ya que se ha demostrado que una vez pasadas las campañas electorales, veta los debates y se niega a hablar de este tipo de asuntos.

Agudo ha incidido también en que no es necesario que una ley esté publicada para que las Cortes manifiesten su voluntad de presentar un recurso, que se puede preparar y presentar en el momento en el que el texto legislativo esté publicado. Por lo tanto se ha referido a la posibilidad de que Page «esté ganando tiempo» pidiendo el informe del Consejo Consultivo y retrasando la decisión de presentar dicho recurso ya que, «la realidad es que no tiene ninguna intención de hacerlo».

Además, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha ha recordado que el único paso que Page ha dado con respecto a la Ley de Amnistía y el recurso de inconstitucionalidad, ha sido prohibir que se debata sobre el mismo en el Pleno. Esto, en su opinión, es «una muestra del nerviosismo de los socialistas que han perdido las elecciones europeas en la región y han encontrado en las urnas una respuesta contundente a sus incongruencias».

Por último, Agudo ha recordado que el PSOE de Page se ha negado a rechazar la amnistía en varias ocasiones en resoluciones presentadas por el PP, además de negarse a admitir y debatir dos PNL sobre la igualdad entre españoles.

Informe del Consejo Consultivo

Cabe decir que Emiliano García-Page aseguró el pasado 31 de mayo que su Gobierno pediría al Consejo Consultivo de la región un informe sobre la Ley de Amnistía con el fin de dar vía libre a la comunidad para defenderse en el Tribunal Constitucional ante lo que consideró «una agresión al concepto de igualdad».

Asimismo, el dirigente socialista afirmó que iba a pedir al Consejo Consultivo que indagase «con claridad, con independencia y con normalidad constitucional» cuáles son las posibilidades para dicho recurso.

«Ese sería mi deseo y entiendo que tiene que ser el deseo de la inmensa mayoría, limpiamente, independientemente de la opinión que puedan tener, que esa duda que se puede tener quede despejada. Esas son las normas y las reglas del juego y son las que pretendo defender, por si alguien puede tener alguna duda sobre si me importa más mi organización política o cualquier otro tipo de interés», dijo.

García-Page justificó esta decisión en que como presidente tiene la «obligación» de «velar claramente por si cualquier norma, la que sea en España, afecta a los intereses de esta región y, particularmente, a nuestros intereses directos y a nuestras competencias».

El presidente autonómico reconoció que «en democracia hay que aceptar lo que se diga mayoritariamente aunque discrepes» pero mantuvo que su posición, que es «conocida», es de discrepancia «de fondo», no solo constitucional.

«Unos se pelean por si ha sido perdón, otros por si es una victoria. Victoria no, pero tengo que decir que el perdón no se contrata. Se da o no se da, pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un chantaje», señaló.