La Policía duda del plan de Sánchez: «No se puede controlar que 250.000 inmigrantes vuelvan a su país»

El Gobierno de Pedro Sánchez asegura que España necesita 250.000 inmigrantes anuales para mantener la actividad económica de ciertos sectores. Y para cubrirlos, el Ejecutivo anunció desde Mauritania un plan de «inmigración circular» que supone importar de forma temporal a cientos de miles de trabajadores durante un periodo de tiempo, con el compromiso de que retornen a sus países cuando finalice su contrato. Una propuesta que ha inquietado profundamente entre las fuerzas policiales dedicadas a labores de Extranjería, que asumen que será imposible garantizar que todos esos inmigrantes procedentes de África vuelvan a sus países. Además, sospechan que se va a disparar la picaresca.

«Tenemos más de 150.000 refugiados y la Policía no tiene capacidad para tener en el radar a todos. El escenario que se plantea, con hasta 250.000 personas por el territorio, es imposible de monitorizar. Ni la cuarta parte. No se puede garantizar que vengan y luego decidan no volver a sus países». Así lo explica a OKDIARIO un funcionario policial al frente de una de las brigadas provinciales de Extranjería con mayor actividad de España.

Los temores de la Policía Nacional ante el plan parten, principalmente, del convencimiento de que no existen medios materiales ni humanos capaces de realizar un seguimiento efectivo de esos trabajadores. Según entienden, no hay garantías de que quienes vengan cumplan ese compromiso, y ni siquiera de que una vez dentro del país se salgan del programa de empleo. E incluso del país, rumbo a otras zonas de Europa y ya bajo el estatus de inmigrante irregular.

De hecho, explican, una vez se concreten los planes para inmigrantes circulares del Gobierno de Sánchez está prevista que los mandos de esta sección mantengan una reunión en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para analizar las complicaciones que puede suponer para los flujos de inmigración que llegan a España.

250.000 empleos para África

La propuesta, anunciada durante su paso por Mauritania -primera parada de la gira-, ha generado inquietud entre la oposición. Sobre todo, teniendo en cuenta la situación actual que se vive en la zona del Sahel, uno de los puntos más calientes del planeta actualmente y el que más personas desplazadas acumula. Así lo refleja ACNUR, la agencia para refugiados de la ONU, en un reciente análisis de la situación en la zona.

Según datos del organismo, con fecha de abril de 2024, entre Burkina Faso, Mali y Níger, en el Sahel Central, hay más de 3,3 millones de personas que se encuentran desplazadas de sus países por culpa de conflictos armados. A ellos hay que sumar los de Mauritania y Senegal, dos focos de inmigración ilegal que nutren la ruta occidental de las pateras con destino a Canarias, la que más ha crecido este año con un 154% más de presión, según Frontex.

Esa bolsa de 3,3 millones de personas, señalan desde las fuerzas de seguridad españolas dedicadas a la lucha contra la inmigración ilegal, son potenciales clientes de las mafias de tráfico de personas que operan en la costa de esos países. Mafias que han proliferado en los últimos años y meses y que, como advertían fuentes policiales a OKDIARIO, están tirando los precios de los saltos a Canarias con respecto a las mafias del Mediterráneo. Allí, el cerrojazo a la ruta italiana es casi total, con una caída del 95% de las pateras en la costa de Túnez. De hecho, la vía canaria es la única que crece, y lo hace exponencialmente.

Tampoco ha pasado desapercibido tras la propuesta para inmigrantes circulares de Sánchez el hecho de que esta zona del Sahel es posiblemente el área del mundo donde más se está expandiendo el yihadismo, con la posibilidad de que recurran a la inmigración ilegal como vía de acceso a Europa. Un extremo que ya reconoce incluso el propio Gobierno socialista, y también la Unión Europea.

Por otra parte, cabe desatacar que algunos de esos países aún mantienen como tradición prácticas fuertemente perseguidas en occidente, como el caso de la mutilación genital femenina. En Mauritania, por ejemplo, el 70% de las niñas y mujeres de 15 a 49 años han sido sometidas a esta práctica de la ablación, según datos de la propia ONU.