Podemos presiona a Sánchez para controlar las prisiones en Navarra y «reducir al mínimo los encarcelados»

Podemos presiona a Pedro Sánchez para una transferencia «integral» de las prisiones en Navarra con el objetivo, según admiten en el documento ‘Líneas estratégicas del modelo de ejecución  penal’ , de que la cárcel se utilice «como último recurso, reduciéndose el número de personas encarceladas al mínimo necesario». «Se ha de llegar a más de la mitad de población penitenciaria en tercer grado y libertad condicional», recoge el texto, elaborado por la consejería que dirige Eduardo Santos, secretario general de Podemos en Navarra, y al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El Gobierno navarro, que preside la socialista María Chivite, pretende que la prisión deje de ser la «pena principal», extendiendo la aplicación de las penas y medidas no privativas de libertad, como trabajos en beneficio de la comunidad o suspensiones de condena.

En este sentido, consideran que «en los últimos años se ha producido una huida hacia el derecho penal», así como un «clima político y mediático tendente hacia la judicialización».

Bajo el «principio de intervención mínima», el Ejecutivo navarro señala la «preferencia por aquellos medios que puedan hacer cumplir los fines de la pena siendo menos lesivos para las personas penadas» y opina que «la protección y reparación de las víctimas puede promoverse a través de procesos de reparación y acompañamiento con una visión restaurativa amplia que no ha de vincularse necesariamente al proceso penal».

Para ello, pretenden «potenciar las respuestas comunitarias no penales así como aumentar el cumplimiento en régimen de semilibertad y construir un sistema penitenciario verdaderamente orientado a la reinserción».

El Gobierno de Pedro Sánchez culminará en los próximos días la prometida transferencia de Prisiones al País Vasco. Como reveló recientemente este periódico,  el plan del PNV para los presos etarras pasa por un régimen generoso que opte por el cumplimiento de las penas en “medio abierto” y hasta con un plan de reinserción basado en la búsqueda de empleo para los condenados. El plan no tardará en ponerse en marcha en el momento en el que el Gobierno vasco reciba la competencia penitenciaria: en principio, el próximo mes de marzo.

«Competencia integral»

Ahora, el Gobierno navarro sigue el mismo camino. Considera que «el traspaso de la competencia integral en ejecución penal es totalmente necesario para coordinar adecuadamente las competencias sectoriales que ya se gestionan desde Navarra».

«Mientras se materializa este traspaso de competencias penitenciarias, el Gobierno de Navarra tiene que garantizar de manera íntegra los derechos de las personas bajo supervisión penal que se encuentran o tienen arraigo en su territorio para lo cual ha de ejercer en plenitud las competencias que ya tiene o está cerca de tener», añade.

Y ese modelo, dirigido por Podemos, se basa en un cambio en el sistema penitenciario, basado en reducir al mínimo las penas de prisión. «Si atendemos a los diferentes niveles de limitación de la libertad, en primer lugar se han de situar las soluciones extra-penales, de carácter social y restaurativo, promoviendo respuestas sociales capaces de satisfacer la necesidad de justicia sin utilizar el derecho penal. En un siguiente escalón, el cumplimiento de penas no privativas de libertad es preferible al de penas de prisión. Finalmente, en relación a la prisión, el cumplimiento en el llamado régimen ordinario debería ser excepcional, sólo cuando no hubiera otras maneras menos restrictivas de hacer cumplir los fines de la pena», insiste.

«Fomentar las regularizaciones»

En el documento destaca, además, la intención de «garantizar el empadronamiento de todas las personas internas», de forma que, sostienen, «el acceso a los derechos sociales no se pierda o dificulte por la entrada en prisión».

Así, señalan desde Podemos que «ello se podría evitar considerando por parte de los Servicios Sociales que el certificado de permanencia en el centro penitenciario es un documento que acredita la residencia en Navarra. También instando al centro penitenciario a realizar el empadronamiento de las personas internas que lo soliciten».

En otro punto, pretenden «fomentar la regularización» de los inmigrantes, evitando «la expulsión automática del territorio cuando exista una integración social demostrada».

En este sentido, indican que «para proceder a la expulsión en ejecución penal o en base a los antecedentes penales (administrativa) debe justificarse que actualmente la persona represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público y la seguridad pública, y valorarse el tiempo de residencia en España, los vínculos creados, la edad, las consecuencias para el interesado y su familia, o los vínculos con el país al que va a ser expulsado».