El PNV exige aclarar un atentado ultraderechista de 1980 e ignora 379 asesinatos de ETA sin resolver

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez los datos sobre el atentado del bar Aldana, en Alonsótegui (Vizcaya), que tuvo lugar el 20 de enero de 1980, en el que fueron asesinadas 4 personas a manos del grupo terrorista de ultraderecha denominado Grupos Armados Españoles (GAE). El interés mostrado por los socios del Ejecutivo contrasta con la existencia de 379 crímenes de ETA sin resolver, por los que ni el Gobierno ni sus socios han mostrado interés en acelerar su esclarecimiento.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) del pasado lunes publicó una pregunta formulada por el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, que tenía como objeto el «esclarecimiento del atentado perpetrado por unos autodenominados Grupos Armados Españoles (GAE) el día 20/01/1980 en el que fueron asesinadas cuatro personas».

El recientemente proclamado líder del PNV ha recordado que «el 20 de enero de 1980 una bomba reivindicada por unos autodenominados Grupos Armados Españoles (GAE) hacía explosión en el Bar Aldana de Alonsótegui (Vizcaya)». Y rememoraba que «el resultado de dicho atentado» fue el asesinato de cuatro personas: Liborio Arana, Manuel Santacoloma, Mari Paz Ariño y Pacífico Fica. «Diez personas más resultaron heridas de distinta consideración», ha detallado, para insistir en que, «transcurridos 45 años, no ha habido la más mínima voluntad de esclarecer la autoría de dicho atentado».

Tal y como recuerda Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco), los GAE colocaron un «potente explosivo compuesto por cinco o seis kilos de goma-2 con sistema de munición eléctrica». El procedimiento se accionó cuando uno de los asesinados, involuntariamente, «provocó la explosión al desplazar la bomba».

El bar era uno de los objetivos de este grupo terrorista de la ultraderecha porque, como señala Covite, «era frecuentado por simpatizantes del PNV y de la izquierda abertzale». Los GAE reivindicaron este atentado un día después de que se produjera la explosión de la bomba y el asesinato de las cuatro personas.

Aitor Esteban presentó esta pregunta en el 45 aniversario de este crimen y se ha publicado este lunes en el BOCG. La primera de las cuestiones formulada por el nuevo líder del PNV es conocer «qué datos constan en el expediente policial». Por otro lado, se interesa por saber «qué pasos concretos dio la policía para esclarecer lo sucedido».

En ese mismo sentido, el representante del PNV insta al Ministerio del Interior a decir «qué sabe sobre lo ocurrido» en el atentado sufrido en el bar Aldana. También pregunta al Ejecutivo de Sánchez «qué piensa hacer para esclarecer el atentado». «¿Tiene voluntad el Gobierno de desclasificar aquella parte de la documentación de este caso que haya sido declarada secreta?», concluye su consulta el diputado nacionalista.

Sin embargo, no se han demandado desde el PNV y la órbita independentista iniciativas similares dirigidas a resolver los crímenes de ETA que no se han esclarecido y cuyos autores, por tanto, no han sido identificados, acusados y juzgados. Según cifras oficiales del Defensor del Pueblo, hay 379 asesinatos de la organización terrorista que todavía no se han esclarecido en la actualidad. Además, un 44% de estos crímenes no existe sentencia judicial para todos los autores físicos de los delitos.

La reforma Txapote

Todo ello mientras que la memoria de los crímenes de ETA sufre varapalos constantes de parte del Gobierno de Sánchez. Hace unos meses, se produjo una modificación legislativa que permitía que los etarras convictos vieran reducida su pena en España si habían pasado varios años en prisión fuera de nuestro país.

El Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, aprobó un articulado que estipulaba que la pena cumplida por un etarra condenado en otro país de la Unión Europea no contase a la hora de cumplir la condena que tuviera que afrontar en España:  «En ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010».

Sin embargo, este artículo desapareció en el dictamen de la Comisión de Justicia que se votó en la Cámara Baja en septiembre de 2024. Aquel texto incluía una enmienda de Sumar que pretendía la derogación de esa disposición. Desde el partido que encabezaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, justificaban que era para adaptarlo a la normativa comunitaria.

La reforma permitiría la excarcelación de varios presos. Entre ellos, Javier García Gaztelu, alias Txapote, el sanguinario jefe de ETA que mató a Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica entre muchos otros y que acumula 450 años de condena. Sin embargo, con la nueva norma se le computarán los seis años y medio que cumplió en Francia, que se le descontarían de la fecha en la que tenía previsto salir de prisión: 2031.