Pilar Teso, Pablo Lucas y José Manuel Sieira eran los candidatos de Sánchez para presidir el Supremo

El pacto entre el PSOE y el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estaba muy avanzado hasta que el presidente del PP, Pablo Casado, se plantó tras la exigencia del vicepresidente Segundo, Pablo Iglesias, aceptada por Pedro Sánchez, de incluir tres jueces de la cuerda de Podemos. Los socialistas ya tenían sobre la mesa a tres candidatos para sustituir a Carlos Lesmes: Pilar Teso Gamella, Pablo Lucas y José Manuel Sieira. Este último pese a estar jubilado entraría como un jurista con más de 25 años de experiencia, según explican fuentes judiciales a OKDIARIO.

Los dos grandes partidos, representados en el Congreso, acordaron repartirse los nombramientos de magistrados a partes iguales y designar a un presidente del órgano de gobierno del Poder Judicial de consenso elegido por los socialistas.

Entre las favoritas por el PSOE para sustituir a Carlos Lesmes se encontraba la magistrada Pilar Teso, que ya optó en 2013 a presidir el CGPJ pero que acabó quedando segunda en votos tras la victoria de Lesmes. Formó parte del tribunal encargado de resolver el recurso de casación sobre la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco presentado por la familia del dictador ante el Supremo.

Teso entró en la Carrera Judicial por oposición en 1985 y ocupa el puesto 28 del escalafón. Es magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desde el año 2008. Previamente, Teso fue magistrada de esta misma especialidad en la Audiencia Nacional (2000-2008), así como en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (1989-1997).

Se trataría de la primera vez, en 37 años de historia de este órgano, que una mujer accede al cargo de presidencia del poder judicial.

Próximo a Carmen Calvo

Pablo Lucas es otro de los tres candidatos que barajaban los socialistas para presidir el Supremo, al que llegó en 2001 por la vía de profesionales de reconocido prestigio. Fue el ponente de la sentencia que avaló la exhumación de los restos mortales de Franco y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

Fuentes judiciales le sitúan como un hombre cercano a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Desde 2009 es el magistrado competente del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Fuentes jurídicas aseguran que su nombre sonó como candidato a vocal del CGPJ -en la renovación de 2013- a propuesta del Partido Nacionalista Vasco, formación en la que su hermano Enrique fue miembro de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno Vasco de Íñigo Urkullu.

El tercer candidato que manejaba el Ejecutivo socialista era el magistrado José Manuel Sieira, que acaba de ser distinguido por el Gobierno con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Este candidato ocupaba una plaza en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal hasta que se jubiló el pasado mes de diciembre. Fuentes judiciales señalan que sería la primera vez que un magistrado jubilado ocupase dicho cargo, pero que hubiese podido alcanzar este puesto al «tratarse de un jurista con más de 25 años de experiencia».

El pasado julio, en plenas negociaciones para renovar el CGPJ, el Consejo de Ministros reconoció de este modo los casi 50 años de servicios del magistrado para el Estado. De sus años de trayectoria profesional, 26 los ha pasado en la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de la que fue presidente entre los años 2010 y 2015.

La Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort premia los méritos de aquellos que han prestado servicio en actividades que dependen del Ministerio de Justicia. La Gran Cruz es la máxima categoría dentro de esta condecoración y lleva anexo el tratamiento de ‘Excelencia’.

Sieira se enfrentó al presidente Lesmes tras remitir un escrito ante el Supremo en el que denunciaba una campaña «contra su persona que le había relegado hasta un puesto laboral que no le correspondía por su larga trayectoria».

En la misiva, el magistrado señalaba que «debería estar presidiendo alguna de las secciones que integran la Sala de Lo Civil» por sus años de ejercicio en la carrera judicial.

Ruptura de la renovación

Este lunes, Sánchez confirmaba que el acuerdo de renovación con los ‘populares’ estuvo sobre la mesa y prácticamente firmado. El presidente del Gobierno lleva días afeando al PP y a su líder, Pablo Casado, por frenar finalmente esa renovación. Moncloa dice que «no se entiende el bloqueo» pero se olvida de explicar los motivos reales de la ruptura del acuerdo que pasan por favorecer a su socio de coalición y no poner en peligro la continuidad del Gobierno.

Y es que cuando socialistas y ‘populares’ tenían decidido repartirse los 20 representantes elegidos por las Cortes Generales, siendo 10 para el PSOE y 10 para el PP, el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, con 35 diputados, exigió a Sánchez que le cediera alguna de sus sillas para poder elegir él a algún magistrado de su confianza. Y Pedro Sánchez cedió. Eso impidió a Casado apoyar el pacto que habían trabajado los equipos de justicia de ambos partidos.

El objetivo de Pablo Iglesias, al poder nombrar sus propios representantes en el CGPJ, es tutelar las causas que hay abiertas contra él mismo y contra su formación política. Con jueces afines Podemos conseguiría reducir las opciones de que la causa de la tarjeta SD de Dina Bousselham o sobre los contratos con Neurona que investiga el juez Juan José Escalonilla, que mantiene imputada a parte de la cúpula de la formación morada y a Podemos como partido jurídico.

A esto se suma otro argumento: los ataques de los Iglesias a los jueces. Esto ha provocado que el CGPJ haya tenido que exigir al líder podemita «moderación, prudencia y mesura» y le ha instado a abstenerse de hacer una «utilización política de la justicia o cuestionar su independencia».