Una parte de Púnica se tambalea: la UCO no logra acreditar si los trabajos de reputación online son delito

La investigación de la trama Púnica comienza a tambalearse. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil UCO ha remitido un informe a la Audiencia Nacional en el que denuncia que no tiene los medios suficientes para investigar si los trabajos de reputación online del informático Alejandro de Pedro son delictivos.

Cabe destacar que al menos un tercio de las piezas de esta trama corrupta tienen relación directa con los trabajos informáticos que De Pedro y sus dos empresas hoy quebradas, Eico y Madiva, efectuaron para varias administraciones públicas y partidos políticos.

Durante la instrucción se realizaron diversas acusaciones técnicas contra el informático. Concretamente, en la pieza de Murcia los investigadores sostuvieron que Alejandro De Pedro gestionaba «diarios zombis» con profesionales no titulados, a pesar de que todos los empleados de la empresa eran titulados en informática y periodismo.

En la pieza de León, afirmaban que el informático empleaba técnicas de posicionamiento con diarios locales sin relevancia y que no se ha podido demostrar. Por último, en la pieza de Madrid se aseguraba que se utilizaron usuarios falsos para posicionar noticias personales de la exconsejera de Educación, Lucia Figar. Este extremo se desmintió con un peritaje que analizó más de 2.000 noticias donde se concluía que el 98% de los artículos correspondía con su actividad política.

El informe de la UCO de 6 páginas remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso OKDIARIO, analiza diferentes conceptos informáticos investigados como «el posicionamiento de noticias en las redes sociales, la generación de tendencias o los trabajos SEO, la construcción de URLs y diarios digitales, el uso de identidades digitales, los robot con identidades digitales, el desplazamiento de noticias por ataques negativos y el instrumento de cálculos de visitas de clicks».

Tras desglosar cada uno de estos conceptos a lo largo del informe, la UCO concluye: «Lo que se participa para conocimiento y efectos oportunos, significándoles que esta unidad no cuenta con expertos en Redes Sociales, elaborando el presente informe en base a la información pública existente en Internet y en la experiencia acumulada en la persecución e investigación del cibercrimen».

«Igualmente», añade, «se desconocen las técnicas concretas que los investigados Eico On Line y Madiva (empresas de Alejandro de Pedro) utilizaron en la prestación de sus servicios de posicionamiento web».

Cabe destacar que el experto informático investigado en Púnica, Alejandro de Pedro, trabajó para el CNI y fue contratado para las empresas más importantes del Ibex 35, así como para equipos de fútbol de Primera División y numerosos partidos políticos.

Según lo expertos, su especialidad, la reputación online, sólo podría ser constitutiva de delito si se acredita que un político hubiera utilizado fondos públicos para mejorar su propia imagen y no la de la institución que representa. Hasta el momento, ningún informe pericial aportado a la causa demuestra dicho extremo.

Archivado el caso contra Barreiro

Mientras tanto, el Tribunal Supremo acordaba este jueves el archivo de la causa abierta a Pilar Barreiro, exsenadora del PP y exalcaldesa de Cartagena en el marco de la trama Púnica por “el débil, equívoco, y ambivalente material probatorio” obrante en la instrucción.

La juez consideraba que no había resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho por los que se acordó la apertura de esta investigación en relación con la denominada “Operación Púnica”.

Esta causa se abrió el 28 de septiembre de 2017 tras el envío por parte del juez Eloy Velasco de una exposición razonada en la que recogía los indicios que existían contra la aforada, que, según el juez, habría desviado dinero público para mejorar su reputación en un periódico digital y en las redes.

De acuerdo con el criterio del fiscal, la magistrada explicaba que acordaba esta decisión debido a que“el débil, equívoco, y ambivalente material probatorio”carece de toda aptitud para generar un mínimo de certeza que justifique la continuación de la instrucción.