Otro expediente de la UE al Gobierno: no ha revisado los planes hidrológicos en plena ‘guerra del agua’

La Comisión Europea ha informado este miércoles de la apertura de un nuevo expediente sancionador contra el Gobierno de Pedro Sánchez. En esta ocasión, por no adoptar y comunicar a tiempo a Bruselas las revisiones de los planes hidrológicos de cuenca y los planes de gestión de riesgos de inundación. Algo a lo que cada gobierno miembro está obligado, según las reglas comunitarias. Se da la circunstancia, además, de que este tirón de orejas de la UE en forma de expediente al Gobierno de Sánchez se produce en plena guerra del agua. Una guerra que ha avivado el PSOE, según mantienen desde el PP. Esta nueva sanción se une a la larga serie de las ya existentes y que hace de España el país con mayor número de expedientes infractores de la Unión.

Los servicios comunitarios ha iniciado el procedimiento de infracción por los planes hidrológicos de cuenca con el envío de una carta que da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para resolver las deficiencias señaladas. En caso de que persistan los problemas, el Ejecutivo comunitario puede enviar un dictamen motivado para dar unos meses más de margen de diálogo antes de concluir si acude al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Los planes hidrológicos de cuenca incluyen un programa de medidas imprescindibles para garantizar el buen estado de todas las masas de agua de acuerdo con la Directiva, apunta Bruselas; mientras que los planes de gestión del riesgo de inundación se desarrollan en base a mapas que muestran las posibles consecuencias negativas asociadas con los escenarios de inundación.

España está, junto con Grecia, a la cabeza de expedientes de infracción abiertos ante las instituciones europeas por no ajustarse a la normativa comunitaria. En febrero de 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez tenía 106 procedimientos abiertos, según constaba en la base de datos de la propia Comisión Europea. De ellos, un tercio estaban en la fase de dictamen motivado, en referencia a la petición formal que hace Bruselas para que un Estado dé cumplimiento a la legislación antes de poner el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un 5,2% de los 2.023 expedientes abiertos hace un año eran españoles. Una cifra muy por encima de la que registran buena parte de los Veintisiete.