Las okupaciones se disparan un 37% con Sánchez como presidente

Las okupaciones se han disparado con Pedro Sánchez en La Moncloa. Desde la llegada del presidente socialista al poder -en 2018, gracias a la moción de censura- la okupación ilegal de viviendas ha pasado de las 12.214 de ese año a las 16.726 de 2022, según los datos del Balance de Criminalidad que el Ministerio del Interior ha ido facilitando a través de distintas respuestas parlamentarias.

Pese al leve retroceso del año pasado con respecto al anterior, cuando se registró una cifra histórica de usurpaciones -17.274- la tendencia creciente no deja lugar a dudas: la okupación es uno de los fenómenos más preocupantes para la sociedad española, principalmente por la falta de mecanismos para hacerle frente. La nueva Ley de Vivienda, que previsiblemente se aprobará este jueves gracias al apoyo de los socios habituales de Sánchez -ERC y Bildu- abona todavía más el terreno de la okupación, al imponer al propietario que quiera recuperar su vivienda toda una serie de trámites burocráticos, lo que retrasará extraordinariamente el procedimiento.

En perspectiva, la okupación ha tenido una tendencia al alza en los últimos años. En 2017, último año completo de Mariano Rajoy, los hechos conocidos de este tipo ascendieron a 10.619, muy lejos de los registrados en 2022. En este contexto, sin embargo, el Gobierno niega que se trate de un «problema real».

«No es un problema»

La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Isaura Leal, aseguró por ejemplo este martes que los españoles «tienen un problema de acceso a la vivienda, pero lo que no tienen es un problema con la okupación ilegal de vivienda».

La versión de los socialistas es que «el 99,5%» de las okupaciones son producto de «mafias criminales» en «viviendas desocupadas propiedad de grandes tenedores, fondos buitres o bancos». Y, por ello, aseguran que «no es un problema que esté generando mayoritariamente temor a la sociedad española». También sus socios de coalición, Podemos, enmascaran la realidad asegurando que la okupación se limita a casos «muy puntuales».

En distintas respuestas en el Congreso, el Gobierno admite el «incremento» de este delito, que atribuye a «la coincidencia de diversos factores, de los que hay que destacar claramente dos: un número elevado de inmuebles vacío y un número elevado de personas que pierden su morada por deudas o pérdida de empleo por la situación económica derivada de la concatenación de crisis sanitaria del Covid, la crisis de logística y de producción internacional, agravada en el año actual, por la crisis originada por la invasión de Rusia sobre Ucrania, con su grave impacto sobre el precio de la energía y en los productos alimenticios básicos».

Blindaje a okupas

Lo cierto es que la futura Ley de Vivienda pondrá trabas al dueño que quiera recuperar sus propiedades, exigiéndole numerosas obligaciones cuando se decida a presentar una demanda.

En ese caso, tendrá que ser él quien deba especificar, por ejemplo, si el inmueble que quiere recuperar constituye vivienda habitual de la persona ocupante. También deberá aclarar si es un «gran tenedor», es decir, con más de cinco viviendas en propiedad, según la definición de PSOE y Podemos. Si asegura que no lo es, la norma le obligará a «corroborarlo» con un certificado de sus propiedades. En caso de ser gran propietario, tendrá que acreditar además si quien está ocupando el inmueble es o no vulnerable. Para ello, deberá presentar un documento «previo consentimiento de la persona ocupante» y, si no tiene autorización, tendrá que solicitar un documento que indique que «la persona ocupante no consiente expresamente el estudio de su situación económica».

La Ley de Vivienda será aprobada previsiblemente este jueves en el Congreso tras el acuerdo alcanzado por Sánchez con ERC y Bildu. El acuerdo, además, impone numerosas restricciones a los propietarios, limitando por ejemplo la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024. A partir de 2025, «se creará un nuevo índice, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual».

El Partido Popular ha cargado contra la norma asegurando que se trata de «un chollo para los okupas». Sánchez aprovechó la sesión de control este miércoles en el Congreso para advertir a los populares sobre su aplicación: «Lo que se aprueba en estas Cortes Generales tiene que cumplirse en todos y cada uno de los territorios y ya le puede ir diciendo a sus comunidades autónomas que se va a cumplir la Ley de Vivienda en todos y cada uno de los territorios de este país», advirtió en respuesta a la portavoz del PP, Cuca Gamarra.